La Fiscalía francesa pide cinco años de cárcel para el etarra Josu Ternera y que se le prohíba seguir en el país

La Fiscalía francesa ha solicitado una pena de cinco años de cárcel, exentos de cumplimiento, para José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, más conocido como Josu Ternera, exmiembro de la banda terrorista ETA y también diputado del Parlamento vasco entre 1998 y 2005. Además de esa pena, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, solicita su expulsión definitiva del país galo.

La pena, exenta de cumplimiento, significa que Josu Ternera solo tendría que cumplirla en caso de una reincidencia. De cara a esta decisión, ha sido vital que el Tribunal parisino ha considerado que el etarra no fue relevante en la comisión de atentados y que valora su papel en las negociaciones por la paz y el fin de la actividad de la banda terrorista.

Concretamente, el jucio valora el papel de Josu Ternera en ETA entre 2002 y 2005, cuando permanecía en la clandestinidad tras huir de España. En ese periodo, la Justicia francesa sitúa sus huellas y restos de ADN en dos pisos francos de la banda en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, inmuebles utilizados por la cúpula de la organización. El propio Urrutikoetxea ha admitido que pudo haber estado allí, aunque ha insistido en que su papel estaba centrado en el «aparato internacional» y en abrir una vía de diálogo.

De 75 años, este etarra nacido en el municipio vizcaíno de Miravalles huyó por primera vez a Francia en 1971, buscando la clandestinidad. Entre los distintos delitos que se le atribuyen está el atraco que logró para ETA el material explosivo utilizado en el atentado contra Luis Carrero Blanco. Fue también uno de los negociadores de la banda en los contactos con el Estado, tanto en el proceso de Argel de finales de los ochenta como en las conversaciones de Suiza en 2005 y 2006.

Escaló en el organigrama de la banda terrorista hasta convertirse en el número uno de la organización. Su nombre está ligado a algunos de los episodios más oscuros de la historia de ETA, y la Justicia española le reclama por su presunta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que dejó once muertos –entre ellos cinco niños–, así como por la presunta financiación de la banda a través de las herriko tabernas.

Urrutikoetxea se fugó en 2002, cuando la Audiencia Nacional reactivó causas contra él y permaneció huido durante 17 años hasta que fue detenido en 2019 en los Alpes franceses, en una operación conjunta de las policías de España y Francia. Desde entonces, permanece en libertad vigilada en territorio francés por razones procesales y de salud.

Durante el juicio, Urrutikoetxea ha afirmado que se distanció de ETA en 2005 después de la detención de los líderes de entonces, Mikel Antza y su pareja Anboto –de quien hoy la Fiscalía se ha puesto en contra de su régimen de semilibertad– y ha narrado el proceso de negociación con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para alcanzar la paz. «Pertenecí a una organización que cometía atentados, pero trabajé para superar ese periodo de violencia», sostuvo ante el tribunal.

La sentencia definitiva se conocerá en unas semanas. Hasta entonces –y, en su caso, se resuelvan los recursos ante el Tribunal Supremo francés–, no podrá activarse plenamente su entrega a España por las euroórdenes ya aceptadas o en tramitación. Si la condena queda suspendida pero se le prohíbe residir en Francia, Ternera se vería obligado a salir del país o a recurrir para ganar tiempo.