El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en rueda de prensa
Vox anuncia un recurso ante el Supremo contra el decreto del Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes
Ignacio Garriga denuncia que esta medida supone la «institucionalización de la invasión migratoria»
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha adelantado este lunes que su formación va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto que aprobará previsiblemente el Gobierno este martes en el Consejo de Ministros para la regularización de más de medio millón de inmigrantes para solicitar la suspensión cautelar del mismo.
Según ha señalado, este decreto supone la «institucionalización de la invasión migratoria» y traslada el mensaje de que «venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España». «No nos vamos a quedar parados», ha advertido Garriga en rueda de prensa. A renglón seguido, ha criticado la situación de «colapso» a la que se asiste en sanidad o en vivienda, así como la situación de inseguridad en los barrios.
En línea con este tema, ha aludido al proyecto de ley que lleva Junts al Congreso para prohibir el burka, una iniciativa que responde, a su juicio, a una cuestión de «oportunismo». En este sentido, Ignacio Garriga, ha criticado lo que considera «incoherencias» por parte del partido de Carles Puigdemont. Ha acusado a la formación independentista de ser la principal responsable de la islamización de Cataluña, haciendo referencia a los gobiernos de Jordi Pujol y de Artur Mas, y a esa «promoción» de la inmigración procedente ddel norte de África frente a otro tipo de inmigración.
Ha criticado también que Junts votó en contra de la iniciativa que Vox llevó al Congreso recientemente para una medida similar y que ahora presenta la suya propia por miedo a una pérdida de votos. Además, ha señalado que el proyecto de ley que han registrado los independentistas tiene esa «deriva separatista» al pretender que se cedan las competencias de fronteras a Cataluña, un extremo al que, asegura, Vox se opondrá, y no plantea un régimen sancionador a diferencia de la propuesta del partido de Santiago Abascal.