El expresidente del Constitucional asesinado en su despacho: el crimen por el que ahora un etarra sale de prisión

La mañana del 14 de febrero de 1996 transcurría con normalidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí, en uno de sus despachos, el catedrático y expresidente del Tribunal Constitucional de España, Francisco Tomás y Valiente, trabajaba en silencio entre apuntes y libros. Había regresado a la vida universitaria unos pocos años antes, después de una larga etapa en la primera línea institucional.

Poco antes del mediodía, sin embargo, un hombre, Jon Bienzobas Arretxe, miembro del denominado Comando Vizcaya de la banda terrorista ETA, accedió al edificio y se dirigió directamente al despacho de Francisco. Cuando le encontró, efectuó varios disparos que acabaron con su vida.

Nacido en 1932 en Valencia, Tomás y Valiente era una figura de referencia en la historia del derecho y el desarrollo del constitucionalismo español, habiendo participado activamente en el fortalecimiento del marco institucional nacido después de la aprobación de la Constitución. Además, en 1980 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional y, entre 1986 y 1992, presidió la institución. Tras concluir su mandato, optó por regresar a la universidad, convencido de que su vocación principal seguía siendo la docencia y la reflexión académica.

Su asesino, Bienzobas, fue detenido en 1999 en Francia y, tras diversos procedimientos judiciales, fue condenado a 266 años de cárcel por su participación en el asesinato de Rafael San Sebastián, trabajador de la empresa Iberduero; en un atentado con coche bomba contra un microbús del Ejército del Aire en Madrid; en el asesinato del militar Miguel Ángel Ayllón en Córdoba; y, por supuesto, en el asesinato de Tomás y Valiente.

Este lunes, más de 30 años después de ese crimen, el Gobierno vasco ha decidido conceder el tercer grado a Bienzobas. Según la resolución administrativa, la progresión al tercer grado se apoya en el artículo 83 del Reglamento Penitenciario y en la valoración de distintos factores, como la conducta del interno durante su estancia en prisión, la existencia de una oferta laboral y la presentación de escritos en los que expresa arrepentimiento y reconocimiento del daño causado.

Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha criticado la medida al considerar que no existe un arrepentimiento verificable ni una desvinculación clara del entorno ideológico que sustentó a ETA. La asociación sostiene que las llamadas cartas de arrepentimiento no deberían ser un elemento determinante para acceder a beneficios penitenciarios en casos de terrorismo.