El Gobierno cambia de criterio y exigirá a los inmigrantes un certificado de antecedentes penales para regularizarse

El borrador del Reglamento para la regularización de inmigrantes presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez permitía que las personas en situación irregular pudieran acogerse a esta medida si presentaban una declaración responsable. En ella debían afirmar que habían solicitado el certificado de antecedentes penales en su país de origen, y, sin haberlo todavía recibido, asegurar que carecían de antecedentes.

«En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países», señalaba el borrador.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido cambiar de criterio tras el informe del Consejo de Estado. Así, el texto que aprobará este martes el Consejo de Ministros –al que ha tenido acceso el diario El País– señala que los inmigrantes deberán conseguir el certificado de antecedentes penales, ya que en caso contrario no pondrán entrar en el proceso. Según el rotativo del Grupo Prisa, la norma dará a los ilegales que quieran legalizar su situación un mes para pedir este documento en sus países de origen, y si no lo logran será el Ejecutivo quien lo intentará recabar por vías diplomáticas, en un plazo de tres meses. Concluido este, se otorgarán otros 15 días más a los inmigrantes para obtener el certificado, y si tras este procedimiento no lo consiguieran no podrán favorecerse de la regularización.

El segundo aspecto modificado del decreto, tal y como ha publicado El País, se refiere a quienes han solicitado protección internacional en España por razones de violencia o discriminación. Antes se les exigía renunciar a ese trámite para acogerse a la regularización. Ahora solo deben desistir de la protección internacional una vez concedido el permiso de residencia, lo que les permite mantener ambas vías hasta entonces.

Desde el Ejecutivo aseveraron que la medida beneficiará a unos 500.000 inmigrantes. No obstante, un dosier de febrero de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional eleva el número de beneficiarios directos hasta aproximadamente 1,25 millones, una cifra que podría incrementarse aún más si se tienen en cuenta las reagrupaciones familiares.

Además, El Mundo ha adelantado que los inmigrantes que reciban una resolución negativa en su proceso de regularización extraordinaria permanecerán en España en la misma situación en la que se encontraban: en condición irregular. Por lo tanto, no serán expulsados, sino que podrán seguir residiendo en el país, aunque de manera ilegal.