El Gobierno aprueba este martes la regularización masiva sin calibrar el efecto llamada ni demás consecuencias

El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto para la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes que están en España de forma ilegal y que podrán acceder a un permiso de residencia. La norma definitiva incorporará varias observaciones realizadas por el Consejo de Estado, según adelantó este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Para el ministro, esta regularización tiene muchas ventajas, puesto que los beneficiarios contribuirán a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, según él.

En un dictamen emitido la semana pasada, el órgano consultivo fue muy crítico con varios aspectos del texto salido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Especialmente en lo referido a la acreditación de que el demandante carece de antecedentes penales, que para el Consejo de Estado ha de ser «rigurosa».

No solo para el órgano que preside la exvicepresidenta Carmen Calvo, sino que esa misma es la tesis que ha venido defendiendo el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska frente a su colega Elma Saiz. En el real decreto inicial se estipula que el procedimiento seguirá aun cuando el demandante no consiga acreditar que no tiene antecedentes, puesto que en ese caso Migraciones daría buena una declaración responsable de la inexistencia de ellos. Sin embargo, tanto Interior como el Consejo de Estado consideran que ello debería motivar que la solicitud en cuestión quedara en suspenso.

El PP y Vox se han opuesto a este real decreto que, al tener rango de reglamento, no necesitará ser convalidado por el Congreso. Los de Santiago Abascal anunciaron este lunes que llevarán la medida al Tribunal Supremo y solicitarán su suspensión cautelar. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, avisaron al Ejecutivo de que utilizarán «todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos» en España y en la Unión Europea contra lo que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, calificó de «barbaridad». Por su parte, Isabel Díaz Ayuso adelantó la semana pasada que la Comunidad de Madrid lo recurrirá: «No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad», señaló. Y auguró que esta regularización va a «reventar los servicios públicos».

La oposición se queja de que el Gobierno se ha saltado una vez más al Congreso, puesto que allí estaba en tramitación —ante atascada— una iniciativa legislativa popular que perseguía el mismo fin. Y cuya toma en consideración fue apoyada por el PP en 2024. Además, denuncian que esta regularización provocará un efecto llamada en un momento en el que la UE está caminando en sentido contrario. De hecho, en Bruselas no ha gustado que Pedro Sánchez decidiera de forma unilateral una medida que afecta a todo el espacio Schengen, por donde podrán circular libremente los regularizados.

A ello se suma la laxitud de los requisitos exigidos por el Ministerio de Elma Saiz, especialmente en lo relativo a los antecedentes penales. El certificado de su carencia ni siquiera será necesario en el caso de los sin papeles que lleven cinco años en España, ante lo que el Consejo de Estado plantea en su dictamen una objeción de base: cómo va a saber el Gobierno si lleva un lustro en España o menos, teniendo en cuenta que ha vivido en situación irregular.

Una vez que el Consejo de Ministros apruebe el real decreto y se publique en el BOE, se abrirá un plazo para la solicitud de los papeles. La ministra Saiz ha afirmado que será suficiente. En la regularización masiva impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, la petición partía del empleador, lo que servía para acreditar que el inmigrante estaba trabajando. En este caso es este último el que ha de iniciar el procedimiento.