El PP presenta alegaciones a la regularización masiva de Sánchez: «Se lo ponen en bandeja a las mafias»

Todas las Comunidades Autónomas presididas por el PP han presentado el mismo documento de alegaciones –al que ha tenido acceso El Debate– ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para rechazar el Reglamento elaborado por el Gobierno para la regularización masiva de extranjeros, que actualmente está analizando el Consejo de Estado.

La primera de las razones se basa en la «improcedencia de la tramitación urgente». El texto señala que «la regularización extraordinaria era conocida desde la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024, hace casi dos años», así que el PP esgrime que «no se aprecia, por tanto, la concurrencia de circunstancias imprevisibles que justifiquen la urgencia invocada». De hecho, fuentes de Génova han asegurado a este periódico que este método legislativo «hurta el procedimiento democrático».

Además, los 'populares' han expuesto a la cartera que encabeza Elma Saiz que se da una «cuantificación indeterminada de la regularización», dado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «estima que afectará a 500.000 personas», aunque «estimaciones independientes más recientes (Funcas, enero de 2026) elevan esa cifra a 840.00». Desde Génova han relatado que es bastante sorprendente que el Gobierno lleve a cabo la regularización sin saber cuántas personas están implicadas. Por ende, han destacado que «no es sensato hacerlo sin haberlo cuantificado».

En tercer lugar, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo subraya el «fracaso del modelo de acceso legal e ineficacia estructural de la regularización». «El gran volumen de personas en situación irregular en España es la consecuencia directa de un modelo migratorio que ha bloqueado o burocratizado hasta la inoperancia las vías legales de entrada y de regularización ordinaria, condenando a cientos de miles de personas a permanecer durante años en una irregularidad que el propio sistema genera. La respuesta a este fracaso estructural no puede ser una regularización masiva que consolide y reproduzca las causas del problema.», recoge el texto.

La cuarta alegación es la incompatibilidad de la medida «con el Pacto Europeo de Migración y Asilo y con el acervo Schengen». Para el PP, la medida del Gobierno «es claramente contraria al espíritu y a los principios de la política migratoria común de la Unión Europea, de la que España hace parte».

«Acceso automático»

Por su parte, los 'populares' se quejan de que hay una «ausencia de evaluación individualizada y de obligaciones de integración». El dosier explica que el borrador del Ejecutivo «configura un acceso prácticamente automático a la residencia legal», debido a que «basta acreditar presencia continuada, carecer antecedentes penales y cumplir algunos de los supuestos de su apartado 2». Así pues, las mismas fuentes han aseverado que la regularización no está vinculada con un contrato de trabajo –es 'gratis' para los extranjeros– y puede generar una bolsa de fraude importante y una inseguridad jurídica enorme.

Igualmente, el PP resalta que hay una «insuficiencia material de la Memoria de Impacto Normativo e impacto sobre las competencias y servicios públicos autonómicos». Este epígrafe afirma que «la Memoria que acompaña al borrador afirma que el proyecto 'no tiene impactos presupuestarios', que 'no afecta a los presupuestos de las Administraciones Públicas' y que carece de impactos en materia de cargas administrativas'».

«La afirmación de que el proyecto carece de impactos en materia de cargas administrativas resulta técnicamente insostenible, dado que la norma implicará un incremento masivo de solicitudes, un previsible aumento de la litigiosidad y un crecimiento significativo de trámites de empadronamiento, escolarización, acceso a servicios sociales y sanitarios, así como de las políticas activas de empleo, sin que se prevea planificación ni financiación adicional. La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias materiales de la regularización recaen directamente sobre las comunidades autónomas y las entidades locales, titulares de las competencias en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y políticas activas de empleo», se añade.

Los antecedentes penales

Asimismo, el PP argumenta que hay «deficiencias en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales», ya que el plazo de cinco meses «es manifiestamente insuficiente» porque «cualquier causa penal abierta que pudiera conducir en la concurrencia de antecedentes pasaría inadvertida». Y es que la normativa dictamina que se podrán acreditar los cinco meses «con cualquier documento público, privado o combinación de ambos». Las fuentes de Génova han remarcado que vale un billete de avión o de autobús, lo que provoca que «la mafia tiene un país que se lo ha puesto en bandeja».

A ello se suma que la norma prevé «que, cuando el solicitante no obtenga el certificado de antecedentes penales de su país de origen en el plazo de un mes, pueda sustituirlo por una declaración responsable; y esta sustitución no sólo reduce las garantías de verificación efectiva, sino que además excede lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015». Por consiguiente, los 'populares' apuntan que «convertir la admisión en título habilitante anticipado puede generar un efecto material equivalente a una concesión provisional generalizada, especialmente en escenarios de demora en la resolución definitiva».

En octavo lugar, el partido con más representantes en las Cortes Generales critica la «vulneración del principio de jerarquía normativa en relación con el régimen sancionador». «Los reglamentos no pueden definir derechos subjetivos ni introducir excepciones al régimen legal sin habilitación expresa. La extralimitación reglamentaria en materias reservadas a ley puede determinar la nulidad de pleno derecho de la disposición aprobada», inciden.

Finalmente, los 'populares' creen que la norma vulnera el «principio de lealtad institucional» y «omite la Conferencia Sectorial de Inmigración», dado que «no se ha convocado la Conferencia Sectorial de Inmigración para consensuar la oportunidad de la medida, el alcance, los criterios, el calendario y la financiación del proceso de regularización».