Varias comunidades del PP recurrirán el decreto para la regularización masiva de inmigrantes de Sánchez

Varias comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Baleares, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana tienen intención de llevar a los tribunales el decreto para la regularización de migrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, al considerar que esta medida tendrá un impacto negativo en la prestación de servicios públicos, provocando «una mayor saturación del sistema». En el caso de los ejecutivos de Isabel Díaz Ayuso y Marga Prohens, pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de esa regularización, como también ha anunciado que va a hacer Vox.

El decreto se publica este miércoles en el BOE y entrará en vigor el jueves. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo va a incorporar a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España. El Gobierno estima que se beneficiarán de la regularización extraordinaria 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 que se encuentran en situación irregular, que lo harán a través de arraigos, según han asegurado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Latinoamericanos y marroquíes serán los principales beneficiarios.

Los gobiernos regionales dirigidos por el PP han trasladado desde hace meses su rechazo a esta regularización masiva. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en anunciar hace cinco días que recurrirá el real decreto. «Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos», señaló el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea.

Ayuso cargó contra Sánchez por pretender regularizar migrantes «sin control». «Insisto que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos (...)», apostilló. En su recurso, el Gobierno madrileño pedirá la suspensión cautelar de esta medida, según ha confirmado este martes.

También el Gobierno balear recurrirá ante el Tribunal Supremo y pedirá la suspensión cautelar del real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo autonómico que dirige Marga Prohens. Según han añadido, está a la espera de la publicación del texto en el BOE para conocer la redacción final, momento en que la Abogacía de la comunidad lo estudiará para valorar las vías a seguir. Este martes, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social de Baleares, Catalina Cabrer, ha subrayado que el Govern cree en una regularización extraordinaria «cumpliendo con la legislación vigente y no haciendo un efecto llamada».

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha manifestado su rechazo frontal a ese real decreto de regularización y ha avanzado que, una vez se publique en el BOE, planteará «todas las acciones judiciales y políticas posibles» para oponerse a este procedimiento.

El Ejecutivo aragonés ha argumentado que esta regularización se ha diseñado «a espaldas» de las Comunidades Autónomas y «en contra de las recomendaciones y advertencias de diversos organismos», como el Consejo de Estado y la Comisión Europea.

Fuentes del Gobierno valenciano que dirige Juanfran Pérez Llorca han avanzado a Europa Press que también tienen intención de recurrir el decreto de regularización que ha aprobado el Gobierno, que arranca este jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha adelantado que su Ejecutivo estudiará «todos los aspectos» de la regularización masiva de migrantes, sin descartar recurrirlo ante la Justicia porque, según ha dicho, «afecta» a todas las comunidades autónomas.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro 'Wake Up' de 'El Español' en Madrid, López Miras se ha quejado de que «no han consultado» a los Ejecutivos autonómicos. «Lo que va a suponer la decisión del Gobierno es una mayor saturación del sistema público, de los servicios públicos», ha alertado, advirtiendo de que se puede generar «un colapso» y una «saturación» de los servicios públicos.

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quién ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «no escuchar» las alegaciones de las autonomías. Además, ha discrepado del sistema escogido por el Gobierno para aprobar el decreto de regularización masiva de migrantes.

A nivel nacional, el PP ha deslizado la posibilidad de recurrir esa regularización ante los tribunales. «No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que mi partido no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad», aseguró este lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra.

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la regularización de «más de un millón de migrantes irregulares» es «inhumana», «injusta», «insegura» e «insostenible», subrayando que va en contra de la política de la Unión Europea y de la «mayoría de los españoles». Dicho esto, se ha comprometido a «utilizar todos los instrumentos» a su alcance «para mitigar» los «disparates» que, a su juicio, está promoviendo el Gobierno de Sánchez.

Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, anunció ayer que su formación llevará al Tribunal Supremo este decreto y solicitará su suspensión cautelar en cuanto sea aprobada por el Consejo de Ministros. Esta mañana, el partido presentó su campaña 'La inmigración masiva tiene consecuencias', y denunció el efecto llamada que supone, al tiempo que lo calificó de «traición al pueblo español que pone en peligro» la seguridad, la identidad y el funcionamiento de los servicios públicos.