Tres ministros convierten la rueda de prensa del Consejo en un pimpampum contra Peinado

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños, lejos de retractarse de sus declaraciones dirigidas al juez Peinado, se ha reafirmado en ellas. «Mis opiniones no son nuevas; hoy las reitero. Son respetuosas en lo personal, no menciono a ninguna persona. Y en el ejercicio de mi libertad de expresión, yo califico y opino resoluciones judiciales», lanzaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Bolaños se justificaba con que una supuesta «amplísima parte de la sociedad española y la carrera judicial» está preocupada por el procesamiento de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro presuntos delitos.

«Afortunadamente, España es un Estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto, tenemos un sistema de garantías que pueden corregir aquellas decisiones que son injustas o que no están fundadas en derecho», agregaba, para después trasladar su «confianza absoluta en la Justicia».

Se lanzaba también a opinar sobre el auto Óscar Puente, ministro sin competencia alguna, dando un paso más y lanzando que esa opinión la comparte «la totalidad del Consejo de Ministros». Así, planteaba que «los cargos públicos están sometidos a la Justicia y a la ley», pero esta cuestión sería «tan importante o más» como que esos cargos y sus familiares «sean perseguidos». «Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente».

Minutos después, y alegando que no se estaba refiriendo a «ningún caso en concreto», decía que no entendía «qué es lo que se le reprocha» a la mujer del presidente y dudaba de que el jurado popular —como pretende el magistrado— también lo hará. Así volvía a cuestionar directamente al juez Peinado, opinando que «las decisiones de un juez no tienen que ser imparciales, sino que tienen que parecerlo».

Del mismo modo, la ministra portavoz Elma Saiz, manifestaba su creencia «en la inocencia de Begoña Gómez» y cuestionaba el auto de Peinado. «A mis ojos de jurista, hay párrafos y párrafos que van más allá de lo jurídico. Yo también confío y respeto la Justicia, pero no es incompatible para criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente».

Regularización de inmigrantes

Por otro lado, el Consejo de Ministros anuncia la aprobación del real decreto para la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes que están en España de forma ilegal y que podrán acceder a un permiso de residencia.

La norma definitiva incorporará varias observaciones realizadas por el Consejo de Estado, según adelantó este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El borrador del Reglamento permitía que las personas en situación irregular pudieran acogerse a esta medida si presentaban una declaración responsable. Sin embargo, el Gobierno ha decidido cambiar de criterio tras el informe del Consejo de Estado.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calificaba el decreto como «uno de los grandes hitos de esta legislatura». Anunciaba que contaba con una «triple legitimidad»: la «social», por haber sido «respaldada» con más de 700.000 firmas y cuenta con el respaldo de la Iglesia; la «política» porque la ILP recibió el voto positivo de todos los grupos parlamentarios «excepto uno»; y la «económica» por el apoyo de la patronal y sindicatos, mencionando los sectores de «la agricultura, el transporte».

Comentaba que ha recibido «las garantías legales y el aval» del Consejo Económico y Social». También del Consejo de Estado, que mencionaba que «se han respetado todas las garantías para cumplir con éxito» el procedimiento. Del mismo modo, se ha valorado positivamente «los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa».

A los solicitantes que cumplan los requisitos se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y una tarjeta sanitaria. Tendrá un plazo de un año, que, finalizado, podrán «incorporarse a las figuras previstas en el reglamento de extranjería». Estará disponible a partir del jueves 16 de abril de manera telemática y, a partir del 20 de abril, de manera presencial, habiendo pedido cita previa. El plazo para presentar la solicitud durará hasta el 30 de junio.

Los requisitos para la regularización

Los requisitos necesarios son «encontrarse en nuestro país antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido en España al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden de la seguridad pública».

La acreditación de la estancia en España con «cualquier documento público, privado o combinación de ambos», como el empadronamiento «si bien no es obligatorio». Todos los documentos «deberán ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos».

Preguntada sobre el supuesto de que no se pueda acreditar la inexistencia de antecedentes penales, la ministra portavoz mencionaba que, «cuando la situación en el país de origen sea difícil, a través del Ministerio de Justicia, se puede ayudar o dar más plazo», ya que es una cuestión imprescindible.

La ministra pedía «colaboración ciudadana», ya que no se podrá pedir cita previa en cualquier oficina. Asimismo, cargaba contra el Partido Popular —calificándolo como el «más desubicado de la historia»— por ponerse al lado de Vox y no «de la Iglesia y los sectores productivos».

Reparación de las víctimas de abusos de la Iglesia

También en el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la oficina de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en las víctimas de la Iglesia Católica.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recordaba el acuerdo del 8 de enero para establecer «un nuevo sistema de reparación» junto a la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia española de religiosos, que se materializó el 30 de marzo en un nuevo protocolo. «Entra en vigor mañana, 15 de abril. A partir de mañana, todas las víctimas de abusos sexuales podrán acudir al nuevo modelo, que tutela el Defensor del Pueblo».

Bolaños mencionaba que podían acudir todas las personas «con independencia de que ya hayan sido reparadas en el seno la Iglesia», que será la que «responda» y el Defensor del Pueblo «quien tenga la última palabra». El modelo estará vigente durante un año, prorrogable a un segundo.

«La Iglesia va a pagar. Primero, porque tiene voluntad de hacerlo. Segundo, porque hemos llegado a un acuerdo. Tercero, porque van a pagar las diócesis o las congregaciones religiosas. Cuarto, porque, si no tienen dinero, son responsables la CEE y la Confer», exponía el ministro de Justicia, aludiendo a que ha sido «voluntad de la Iglesia».

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