Vox lanza una campaña contra la inmigración masiva y reclama prioridad nacional en vivienda y servicios públicos

El mismo día en que el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros el decreto para la regularización de más de medio millón de personas, Vox ha lanzado una campaña contra la inmigración masiva para subrayar que esta tiene consecuencias para los españoles en materia de vivienda, de acceso a los servicios públicos y de seguridad y para reclamar prioridad nacional.

Para presentarla, han comparecido ante los medios la portavoz de Agenda España y portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el portavoz de Vivienda y diputado nacional, Carlos Hernández Quero, que han arremetido contra el decreto aprobado por el Gobierno entre otras cosas por el efecto llamada que supone y han anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir que se suspenda su aplicación como medida cautelar.

Pérez Moñino ha señalado que el decreto supone una «traición al pueblo español que pone en peligro nuestra seguridad, nuestra identidad y el funcionamiento de los servicios públicos», y ha cargado contra el bipartidismo por las políticas de fronteras abiertas y los mensajes que en este sentido critica que se han lanzado estos años atrás.

«La invasión migratoria vacía nuestras arcas públicas y llena nuestras cárceles», ha sostenido la portavoz en Madrid, al tiempo que ha aludido a los más de cuatro millones de españoles que están en listas de espera o a los ciudadanos que mueren esperando ayudas para la dependencia. «No podemos ser el hospital del mundo. La solidaridad sin control no es solidaridad, es una irresponsabilidad», ha afirmado la diputada autonómica.

También ha trasladado una serie de datos para mostrar la relación que denuncian que existe entre esa «invasión migratoria» y la seguridad. Así, ha indicado, por ejemplo, que en 2024 «la tasa de condenados extranjeros era el doble que la de españoles», en Barcelona, según ha apuntado, tres de cada cuatro detenidos por agresión sexual son de origen extranjero, o en el País Vasco el 68 % de los detenidos por delitos contra la libertad sexual son extranjeros. «Es momento de hablar con valentía y de actuar con valentía. Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras», ha manifestado Pérez Moñino.

Hernández Quero ha puesto el foco en la falta de acceso a la vivienda como consecuencia entre otras cosas de la llegada masiva de inmigrantes, señalando que en los últimos cinco años han entrado más de tres millones de personas a nuestro país. Lo que supone que cada vez hay menos pisos ofertados y más personas buscando un piso. Y lo que se traduce, según ha criticado, en subida de precios, «escenas de hacinamiento y chabolismo vertical» por ese desajuste entre la oferta y la demanda, y especialmente en los barrios de menos renta, que es donde se ha concentrado la inmigración masiva, ha indicado el diputado.

«Los políticos han decidido no producir vivienda y que España sea una delegación de la ONU, de todos los países del mundo», ha señalado el portavoz de Vivienda de Vox, que ha señalado a aquellos que «viven en una burbuja» como los responsables de introducir en España una inmigración masiva que, ha manifestado, «está cambiando para siempre el mapa de nuestras ciudades y del acceso a los servicios públicos y que está deteriorando a una clase media y popular en España». Frente a ello, ha incidido en reclamar que en el acceso a las casas que se construyan en España tengan prioridad los españoles, así como en el acceso a los servicios públicos.

Abascal, sobre el decreto para la regularización masiva: «El pueblo no lo va a perdonar»

En sus redes sociales, el líder de Vox ha respondido a la nueva carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía en la que celebra la aprobación del decreto para la regularización de inmigrantes y ha asegurado que «el pueblo no lo va a perdonar».

«Los españoles no han dado permiso para esto. Si los ilegales «ya forman parte de nuestra vida cotidiana» es sólo porque tú y el PP los habéis dejado entrar contra nuestras leyes y contra nuestros intereses», ha subrayado Abascal, que cree que el presidente del Gobierno tendrá que pagarlo «más pronto que tarde».

En la misma línea, Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno con este decreto «consagra la invasión» y le ha recriminado que haya decidido «deliberadamente borrar nuestra identidad» y que haya «declarado la guerra al español de a pie».