​'No' al reparto de inmigrantes ilegales ni a Mercosur, prioridad nacional y rebajas fiscales: las claves del acuerdo PP-Vox en Extremadura

Después de varias semanas de negociaciones intensas entre el Partido Popular y Vox, ambos partidos lograron alcanzar un acuerdo para formar un Gobierno de coalición que anunciaron a última hora de este jueves con el que las dos partes se mostraron muy satisfechas. El pacto se sellaba cuatro meses después de las elecciones que dio a la suma de los dos partidos el 60 % de los apoyos, y dos semanas antes de que concluyera el plazo legal establecido para evitar una repetición electoral.

Unas horas antes, tanto los populares como el propio Santiago Abascal aseguraban estar optimistas con las negociaciones. El líder de Vox manifestó que su partido no pretende que se aplique todo su programa pero sí debía estar recogida «una parte muy importante» de lo que los ciudadanos habían votado al elegir la papeleta de Vox, que se hizo con más del doble de escaños (11) de los que tenía. Y así ha sido, puesto que el pacto que han firmado se hace eco de varias de las exigencias de esta formación en diferentes materias. Se recogen 74 medidas, y junto a cada una de ellas se establece un plazo para ponerla en marcha.

Las medidas se agrupan en 10 grandes bloques:

Energía e industria. Entre los compromisos que figuran en esta materia, destacan, por ejemplo, el de blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y eliminar la ecotasa energética autonómica, desarrollar un plan para hacer más dinámica la actividad industrial en la región, y emplear «todos los medios legales y administrativos» para evitar que se instalen parques fotovoltaicos en suelos productivos, de uso tradicional o del patrimonio.

Sector primario. Otro bloque clave en Extremadura es el que tiene que ver con el sector primario. En este punto, PP y Vox han acordado que no se va a aprobar ninguna medida que lo perjudique y que lo va a proteger de las «imposiciones» de Bruselas, derivadas de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, así como el rechazo «explícito» al acuerdo con Mercosur «en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños». Relacionado con esto, van a crear un fondo de compensación para «mitigar el impacto negativo» de desastres naturales o «imposiciones» normativas. Y, por otro lado, van a flexibilizar o suprimir una serie de normas leyes autonómicas que denuncian que arruinan al sector primario, como la de protección ambiental o la de la caza.

Dentro de este punto, también cabe recalcar el compromiso de ejecutar de forma definitiva el proyecto de regadío de Tierra de Barros, así como el de poner en marcha un plan para modernizar los regadíos y para mantener las infraestructuras hídricas.

Sanidad. Entre las medidas principales, se encuentra la de impulsar un plan de mejora del sistema sanitario con 500 millones de euros adicionales anuales en los presupuestos, contratación de 1.500 profesionales más o colaboración público-privada para antes de terminar este año; también la elaboración de un plan de infraestructuras sanitarias y una mayor atención a las personas mayores.

Inmigración. Los dos partidos recogen en su acuerdo el rechazo «frontal» a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, así como el compromiso de oponerse «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» al reparto de inmigrantes ilegales, realizar pruebas de edad y no participar «en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia» en la región.

También, han acordado que se va a trabajar de forma activa para devolver a los menores no acompañados a su país de origen; no se va a abrir ningún nuevo centro de menores ni se van a ampliar plazas en los que ya existen, y se va a reforzar la seguridad dentro y fuera de ellos; y asimismo, se van a auditar los gastos vinculados a la inmigración ilegal para tratar de reducirlos «al mínimo imprescindible» y van a suprimir las subvenciones a las ONGs que la promuevan y fomenten el efecto llamada. Recogen igualmente en su programa la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos y la eliminación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí.

Rebaja de impuestos. El nuevo Gobierno extremeño va a aplicar una bajada progresiva del IPRF del 0,25 % en los dos primeros tramos, ampliar la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o establecer como gratuitos la educación de 0 a 3 años, o las licencias de caza y pesca entre otros servicios.

Vivienda. Relacionado con las rebajas fiscales, PP y Vox plantean una bajada de los tipos reducidos del ITP y pago a diez años sin intereses, así como la deducción autonómica en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años. Un punto también destacable es que se va a adoptar el principio de prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y de alquiler social, «adecuado a la legalidad vigente», de manera que se priorice a quienes tienen «arraigo real, duradero y verificable» en la región. También se comprometen a construir al menos 3.500 viviendas protegidas durante la legislatura, otorgar avales públicos a familias numerosas y dar incentivos fiscales.

Seguridad, libertad y prioridad nacional. Además de en el acceso a la vivienda, el Gobierno extremeño también va a adoptar ese principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas, prestaciones y subvenciones públicas. Otra medida que cabe destacar es que se compromete al desalojo exprés de los okupas y a reforzar la protección a las víctimas de la ocupación ilegal, otorgándoles asistencia legal y acompañamiento entre otras cosas. E igualmente va a promover la concordia, que implica entre otras cosas, por ejemplo, que los contenidos educativos se adecúen a los principios de concordia, reconciliación y unidad que recoge la ley, o que se proteja el patrimonio histórico «perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda».

Educación. En este punto, han acordado medidas como la homologación progresiva de los salarios de los docentes a la media nacional, la gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años o la prioridad del producto español en los comedores públicos.

Familia, natalidad y demografía. En esta materia, PP y Vox han pactado incrementar las ayudas a la natalidad, con una deducción en el IPRF por nacimiento o adopción de hijos (según detallan, se podrá deducir 500 euros por el primero, 1.000 euros por el segundo, y 1.200 euros por el tercero y siguientes). También, aprobar una ley de familia que incluya medidas de apoyo en conciliación, vivienda, transporte y educación y rebajas fiscales.

Gasto improductivo. A este respecto, el nuevo Gobierno va a realizar auditorias periódicas de los recursos públicos para eliminar el gasto que sea «improductivo, innecesario o carente de justificación»; va a recortar en un 50 % las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública; y va a reducir al mínimo legal las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.

Presupuestos anuales

El objetivo de PP y Vox con este acuerdo es dar estabilidad a la región durante los cuatro años que dure la legislatura, y por ello también, tal como explicó María Guardiola, dicho acuerdo contempla la aprobación de cuatro presupuestos. Los equipos negociadores han analizado el impacto de las diferentes medidas en el presupuesto. Tienen como eje la reducción de la «presión fiscal» y del gasto «superfluo», y se comprometen a velar por «la eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos».

Una vicepresidencia, dos consejerías y un senador

Vox ostentará la vicepresidencia, que recaerá en su portavoz, Óscar Fernández Calle, junto a la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que entre otras cosas está concebida para «eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades, y velar por la eficiencia presupuestaria» y tiene también entre sus competencias los servicios sociales, inclusión, infancia y juventud, familia y cooperación internacional al Desarrollo, según detallan en el acuerdo.

También, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que entre otras cosas se encargará de la PAC, los regadíos y las infraestructuras rurales y el sector primario; aún no han comunicado quién ocupará el cargo. Y corresponde al partido de Santiago Abascal un senador por designación autonómica, que será Ángel Pelayo Gordillo.

Próximo paso: Aragón

María Guardiola apuntó este jueves que la idea es que la sesión de investidura, que dura dos días, se celebre los próximos martes y miércoles, y que su deseo es que el viernes tenga lugar la toma de posesión. Si bien, deberá fijar las fechas el presidente de la Asamblea. Al mismo tiempo, las negociaciones continúan en Aragón y el acuerdo podría alcanzarse en los próximos días. En esta región también tienen de plazo máximo hasta el 3 de mayo, aunque el pacto extremeño allana el camino.

Fuentes populares trasladaron ayer tras el acuerdo en Extremadura que en los últimos días han avanzado «de manera significativa» en las negociaciones en Aragón, y que son optimistas en esta región y esperan lograr un acuerdo «igual de satisfactorio en los próximos días». También Santiago Abascal trasladó ese optimismo respecto a las negociaciones en las tres regiones si la dirección nacional del PP -apostilló- no pone «palos en la rueda».