La UCO vincula a Pardo de Vera con la adjudicación de 2,1 millones en mascarillas a una empresa ligada al chalet de Ábalos en Cádiz

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado de Transportes, imputada por la Audiencia Nacional por delitos de corrupción, adjudicó un contrato para la compra de mascarillas a la mercantil Innjoo Technology SL durante la pandemia. Tal y como ha podido saber este periódico, se trata de una empresa que aparece vinculada a la sociedad patrimonial utilizada para alquilar el chalet de lujo en La Alcaidesa (Cádiz) del que disfrutó el exministro de Transportes José Luis Ábalos en un episodio que la investigación sitúa en el entorno de la trama de comisiones ilegales que investiga la Audiencia Nacional.

El Debate ha tenido acceso este periódico a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge que el papel de Pardo de Vera resultó determinante en la adjudicación de contratos a esta empresa. Los agentes analizan varias conversaciones intervenidas en las que se menciona la adjudicación por parte de ADIF de un contrato por importe de 2,1 millones de euros a Innjoo. En uno de esos pasajes, los investigadores destacan que «puede inferirse» que existía una interlocución directa con responsables de la compañía en el contexto de esa adjudicación. Ese contacto sitúa a la entonces presidenta de ADIF en el circuito de decisiones que permitió la contratación de una mercantil sin experiencia acreditada en el suministro sanitario.

La misma documentación sitúa a Innjoo en una posición privilegiada en pleno estallido de la pandemia, pese a que su actividad previa nada tenía que ver con el suministro de material médico. Según consta en la propia investigación policial, la compañía se dedicaba antes de 2020 a actividades heterogéneas, desde la reparación de teléfonos móviles hasta la comercialización de productos electrónicos o la venta de motocicletas. Fue en ese contexto excepcional cuando dio el salto a la importación masiva de mascarillas desde China, logrando contratos públicos millonarios en cuestión de semanas.

Innjoo Technology SL fue constituida por la empresaria Vanesa Durán Mesas, la misma persona que figura al frente de Have Got Time SL, sociedad patrimonial que alquiló durante meses el chalet en La Alcaidesa utilizado por Ábalos. Ese inmueble, situado en una urbanización de alto nivel en Cádiz, fue abonado mediante pagos mensuales que la investigación vincula a la operativa de la trama. Los agentes de la UCO han reconstruido el uso de la vivienda a partir de correos electrónicos y comunicaciones intervenidas al entorno del exministro, en las que se detallan gestiones relacionadas con su estancia.

El nexo entre ambas sociedades es llamativo. Have Got Time SL carecía de una actividad empresarial relevante más allá de la tenencia de inmuebles, mientras que Innjoo experimentó un crecimiento exponencial coincidiendo con la adjudicación de contratos públicos. Fuentes de la investigación sostienen que ese cruce de intereses abre una línea de análisis sobre posibles contraprestaciones encubiertas, una de las hipótesis que maneja la Audiencia Nacional en el marco de las diligencias abiertas.

La adjudicación de ADIF no fue un hecho aislado. Durante los meses más duros de la pandemia, diferentes organismos públicos recurrieron a Innjoo para abastecerse de material sanitario. El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, formalizó un contrato de 3,9 millones a Innjoo para la compra de mascarillas y guantes. En menos de un año la compañía pasó de facturar cifras marginales a superar los 17 millones de euros en adjudicaciones públicas.

También comunidades autónomas como Baleares o Cataluña contrataron con esta empresa. En el caso balear, el Servicio de Salud adjudicó contratos para la adquisición de mascarillas, gafas de protección y otros equipos sanitarios. En paralelo, el Servicio Canario de Salud recurrió igualmente a la mercantil para el suministro de material en plena emergencia sanitaria. Este despliegue de contratos en distintos niveles de la administración refuerza la tesis de los investigadores sobre la capacidad de la empresa para acceder a circuitos de contratación pública en un periodo muy limitado de tiempo.