Baltasar Garzón quiere forzar a los jueces a colaborar con la Comisión de la Verdad y pide documentos secretos

El exjuez Baltasar Garzón –que fue apartado de la carrera judicial por prevaricador y que hoy preside la comisión creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como 'comisión de la verdad'– quiere que los jueces «se impliquen» en la tarea de este órgano y ha avanzado también que la comisión debe poder tener acceso a documentación secreta para hacer su trabajo y que, por tanto, podrán solicitar desclasificaciones.

Así lo ha anunciado este jueves durante unas jornadas organizadas en el Congreso con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en la que ha sido su primera comparecencia pública desde que el pasado mes de marzo fue elegido para encabezar esta comisión, que prevé celebrar su primer pleno a principios de mayo para organizarse internamente a través de distintas subcomisiones.

Garzón ha destacado que, más allá de las unidades de Memoria Democrática y Derechos Humanos de la Fiscalía, el sector de jueces y magistrados «no está muy en línea» ni es «precisamente un ejemplo» en lo que se refiere a la investigación de los crímenes de franquismo, pero que «habrá que conseguir que se implique».

«No sé cómo, pero lo tenemos que conseguir, por lo menos que contribuyan a ese esclarecimiento de la verdad», ha dicho el exjuez antes de recalcar que el mecanismo de una comisión de este tipo «debe comportar una obligatoriedad de participación y de colaboración institucional». «Eso es lo que se pretende y lo vamos a hacer con transparencia, para que quien no participe quede retratado frente a la sociedad», ha avisado.

En esta línea, ha advertido de que «no va a haber distingos», pues este asunto se tiene que tratar «con seriedad pero también con sensibilidad social», y ha remarcado que «establecer o procurar determinar lo que sucedió también implica una justicia restaurativa para las víctimas y para la sociedad en general».

El exjuez también prevé que se toparán con «muchas reticencias» para acceder a determinados archivos y que pueden encontrarse con documentos donde se hayan borrado los nombres de los autores de informes policiales. «Probablemente sus eventuales responsabilidades estarán prescritas, pero habrá que indagar e investigar», ha apuntado.

En este contexto, ha añadido que, sin perjuicio de lo que haga la Fiscalía en sus diligencias preprocesales o de indagación o constatación de hechos pasados, las instituciones o personas requeridas tendrán que responder a las preguntas de la comisión y aportar los datos que se le reclamen.

También ha dejado claro que «tendrá que haber un acceso a los archivos sin más limitación que la legal» y ha recordado que esa «limitación legal puede ser interpretada» y que se pueden desclasificar documentos «con la finalidad específica del establecimiento de la verdad».

«Cada cual va a tener que asumir el rol que le corresponde, porque esto lo hacemos en serio o no lo hacemos», ha subrayado, enfatizando que él no se va a «prestar a hacer una faena de aliño» porque «el derecho a la verdad es sagrado», ha «costado mucho tiempo muchas vidas y muchas luchas» y en España sólo han trabajado por él las víctimas y las asociaciones memorialistas.

Garzón calcula que la comisión no tiene «más de un año de margen» para realizar su tarea y que deberá proporcionar unos resultados «firmes» y «sólidos» para que «quien venga después» no pueda «anular sus conclusiones».

«Que cada cual sepa la responsabilidad que asume, porque esto no es solamente una cuestión personal, social, o nacional; es internacional y no podemos defraudar ni a las víctimas ni a la sociedad española», ha dicho, incidiendo en que conocer qué pasó en el franquismo es crucial para garantizar el derecho a la no repetición.