El teniente coronel Balas y el comandante Montes desmontan el «binomio» Ábalos-Koldo en una sesión estoica en el Supremo

Directo a la línea de flotación en las defensas del enemigo. La declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este lunes, en el Supremo dinamitó el fortín del «binomio» Ábalos-Koldo y su estrategia procesal, en una sesión bisagra, a tan sólo 48 horas de ser escuchados. Dos hombres, el teniente coronel Balas y el comandante Montes comparecieron en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, ante los siete magistrados, durante doce horas —de las diez de la mañana a las doce y tres minutos de la noche— para despiezar, con precisión quirúrgica, el contenido de los informes que han convertido el 'caso mascarillas' en la primera causa penal que sienta en el banquillo a un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Conscientes del peso específico de los testimonios de Balas y Montes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre gesticulaban, desesperadamente, a medida que los investigadores desmontaban, uno a uno, los cinco delitos que pesan sobre ellos.

La UCO dejó al descubierto el esqueleto de una «presunta organización criminal», tal y como la mencionaron los agentes, con un nítido reparto de roles, que operó desde las entrañas del Ministerio de Transportes, en plena pandemia, aunque «permeó» con rapidez y eficacia hacia otras administraciones públicas y accedió a «las más altas instancias» del Estado, gracias a la posición del ex ministro Ábalos que fue quien tuvo el «dominio del hecho» en todo momento. Gracias a él se conseguían los negocios y su influencia fue determinante para acceder a logros que, de lo contrario, ni Aldama, ni Koldo habrían logrado por sí solos. «Por eso cobraba lo que cobraba», aseguró el teniente coronel Balas en la Sala.

Ni un solo cabo suelto. Balas y Montes, y antes de ellos, dos de sus compañeros de unidad, ratificaron la legalidad de las entradas y registros en los domicilios y oficinas de los acusados, acreditaron la cadena de custodia de los dispositivos intervenidos, aquel 20 de febrero de 2024 en el marco de la 'Operación Delorme' con la que arrancó todo y, en especial, certificaron la imposibilidad técnica de manipular los mensajes de WhatsApp o las grabaciones que Koldo fabricó durante años y que guardaba con celo de archivero. «Es imposible alterar una imagen forense. Cada mensaje es una fotografía. No tenemos acceso», repitieron una y otra vez ante las preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón.

No en vano, se enfrentaban al interrogatorio de unas defensas que, por su parte, trataron de sembrar la dudas sobre su trabajo: filtraciones a la prensa, supuestas irregularidades en los atestados, la 'eximente' de que Koldo era «colaborador» de la Benemérita,... Los agentes rebatieron, con datos, cada uno de los escollos. «Los primeros perjudicados por las filtraciones somos nosotros», se lamentaron.

Sin embargo, el nudo gordiano de la jornada fue cómo Balas y Montes apuntalaron cada uno de los delitos y desmontaron la coartada de los acusados, empezando por el contrato estrella, el que da nombre a la causa, para la compraventa de mascarillas. La UCO certificó que Aldama conocía la necesidad del Ministerio de Transportes, de adquirir material sanitario, cuatro días antes de que el entonces ministro Ábalos firmara la orden ministerial para licitarlas, el 20 de marzo de 2020. El 16 de marzo, la empresa Soluciones de Gestión, del Grupo Cueto, ya tenía sobre la mesa la previsión de colocar ocho millones de unidades. «Ocho millones o nada», fue el mensaje que, según los investigadores, llegó desde la trama, a través de un mensaje del propio Aldama con el que el montó se duplicó, desde los 4 millones inicialmente previstos, en cuestión de 38 minutos escasos.

Los investigadores señalaron que éste, y no otro, es el «paradigma» del cohecho. El pistoletazo de salida para que el comisionista Aldama empezase a pagar un «sueldo mensual» a Ábalos y Koldo, a modo de soborno, a cambio de un acceso futuro a adjudicaciones públicas que se extendió como la pólvora hacia otras entidades gubernamentales. Más de 6,6 millones de euros en comisiones, solo en ese primer 'pelotazo' que, con el tiempo, resultaría mucho más rentable para la trama.

No en vano, como resultado de lo anterior, surgió el asunto del dinero en efectivo y la necesidad de disponer de suficiente metálico para seguir «alimentando la máquina». Koldo, al que la trama se refería en ocasiones como «el cromañón» gestionaba los pagos de Ábalos y actuaba como «correa de transmisión». En la mayoría de las ocasiones era él quien recibía las entregas y portaba el cash, como figuraba en las notas interceptadas por los agentes a Aldama: «Grandu 11.500», «10 a K», «20 chistorras», en referencia a los billetes de 500 euros que, en el lenguaje encriptado de la trama, eran las «salchichas» del sobornos. Pagos «recurrentes» de 10.000 euros mensuales que continuaron, incluso, durante más de un año después de que Ábalos abandonara el Ministerio. Una vez en posesión de la cúpula política, el dinero servía para todo: entregas a Jéssica Rodríguez —la ex amante de Ábalos—, regalos para las mujeres en la vida del ex ministro y encargos que Koldo ejecutaba, a petición del «jefe» sin rechistar.

El dinero «calentito», como lo llamaban en los audios, salía de las comisiones irregulares y entraba en el bolsillo de sus perceptores, hasta tal punto que los investigadores relataron, ante el tribunal, el inexplicable incremento patrimonial de todos ellos: Koldo pasó de 37.000 euros a 75.000, en 2020; su hermano, Joseba, acumuló 292.000 euros en efectivo y un pico de 135.000 sin origen justificado. Mientras tanto, Ábalos dejó de retirar dinero de sus cuentas corrientes durante, nada menos, que cinco años.

Aunque, en ocasiones, las contraprestaciones fueron en especie como los 88.000 euros del piso de lujo de Torre España, que eligió Jéssica y que estaba pagado por Aldama, a través de Alberto Escolano, como si fuera una «casita de novios» para el entonces ministro y su pareja. Al igual que el chalé de La Alcaidesa, en Cádiz; el casoplón de La Parra, en Marbella; o, los viajes a República Dominicana y Colombia. Se trataba de «comprar la voluntad» de Ábalos y, con ello, su influencia.

El elemento femenino jugó un papel relevante en el desarrollo de la trama. Tanto Jéssica como, más tarde, la ex miss Asturias +30 Claudia Montes, servían a la UCO para apuntalar el tráfico de influencias y la malversación. Koldo era el que movía los hilos en el asunto de los 'enchufes' que, por mandato delegado del propio Ábalos, permitieron a ambas acceder a sendos puestos, en empresas públicas, sin pasar por proceso de selección alguna y sin tener que trabajar. El propio ministro, según el testimonio de los guardias civiles, sabía incluso que el currículum presentado por Montes era falso.

En este preciso momento, desde el banquillo, comenzaron los aspavientos del exministro y su exasesor que no pudieron contenerse: negaban con la cabeza, contrariados; levantaban las manos; hacían gestos de desprecio, murmuraban entre dientes, se miraban entre sí y se revolvían en sus asientos con gestos que pusieron de manifiesto su monumental enfado. Y, todo, bajo la atenta mirada del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, impasible y de los siete magistrados del tribunal, en un ejercicio de estoicismo loable.

Para rematar el rosario de evidencias, con las defensas mordiendo la lona del ring, la UCO acreditaba las maniobras que rodearon al rescate de Air Europa. Hasta tal punto llegaba la influencia de Aldama, sobre el ex ministro Ábalos, que exigió «una nota al Gobierno» para tranquilizar al director general de la aerolínea Javier Hidalgo y Koldo la consiguió. Como la carta de invitación para la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, con salvoconductos falsos y sin la oposición de Pedro Sánchez, que apareció mencionado, por primera vez, en los mensajes analizados por los investigadores. «Sin Ábalos no se habrían logrado muchas de estas acciones», sentenció Balas. El exministro era, para la UCO, el «miembro cualificado» de la organización: «Abrió puertas a las que de otro modo no se llegaría. Por eso cobra lo que cobra».

Los agentes fueron implacables. Cada informe justificado era un clavo más en el ataúd de los dos acusados. Un procesamiento apuntalado por la UCO en respuesta a las preguntas de la Fiscalía que demostró cómo su acusación —24 años para Ábalos, 19 años y medio para Koldo— se sostiene sobre pilares de hormigón.

Cuando los últimos agentes abandonaron el Alto Tribunal, pasada la medianoche, el ambiente era de fatiga y tensión contenida. Ábalos y Koldo salían agotados y con gesto visiblemente nervioso. El miércoles será su turno para defenderse, después de escuchar, durante doce horas, cómo la UCO cosía, uno a uno, todos los delitos que pesan, como una losa cada vez más implacable, sobre ellos -organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias-. La cuestión, a estas alturas, ya no es si la investigación se sostiene. La pregunta es si ellos podrán desmontarla.