Las primeras medidas que Vox quiere activar desde el Gobierno de Aragón

El Partido Popular y Vox continúan poniendo todo a punto en el nuevo Gobierno de Aragón, después de que el pasado 22 de abril alcanzaran un acuerdo y pocos días después fuera investido presidente Jorge Azcón. Los miembros del Ejecutivo autonómico tomaron posesión de sus cargos la semana pasada y a lo largo de los próximos días seguirá el nombramiento de altos cargos.

La formación de Santiago Abascal tiene tres de las nueve consejerías: la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que es la que tiene rango de vicepresidencia y que ostenta Alejandro Nolasco, la de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que tendrá al frente a Arancha Simón, y la de Medio Ambiente y Turismo, de la que se encargará Luis Biendicho. Desde ellas, Vox quiere activar como primeras líneas de trabajo una serie de medidas del acuerdo de gobierno que tienen que ver con la inmigración y el campo y, como indican fuentes conocedoras, se va a poner el foco en ellas de forma inmediata.

Así, dentro de sus competencias, desde la cartera de Servicios Sociales van a trabajar en ese rechazo «frontal» a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y hacer una oposición «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» a cualquier mecanismo de reparto de la inmigración ilegal. También, relacionado con esto, quieren dar los primeros pasos antes de que termine el año en lo que respecta al plan de retorno de inmigrantes ilegales, promoviendo, en virtud del artículo 35.2 de la ley de Extranjería, acuerdos con los países de origen que «faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres».

Y por otro lado, en línea con lo que Vox ha venido exigiendo, quieren que se realicen pruebas de verificación de la edad de los inmigrantes ilegales para comprobar si son o no menores. En concreto, tal como recogen en el acuerdo, prevén dotar al Instituto de Medicina Legal autonómico de una partida presupuestaria de 100.000 euros para llevar a cabo estas pruebas que eviten fraudes.

También relacionado con la cuestión migratoria, otra iniciativa que Vox ha pedido en las regiones: que se retire el programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. Como indican desde el partido, dado que en septiembre este punto del pacto de gobierno debe estar cumplido, porque se va a dejar de impartir ya en el próximo curso en los centros de Educación Primaria y Secundaria, tienen que avanzar en esa línea antes de ese mes.

Antes de que acabe este año, también debe ser efectiva la prohibición del uso del burka y del niqab en espacios públicos de Aragón, en el ámbito de las competencias autonómicas, al considerar que es «incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia», y no van a permitir la imposición de «prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad». Vox es partidario de aplicar esta medida lo antes posible.

Otra de las líneas en las que quieren poner el foco en los primeros meses del nuevo Gobierno es la publicación periódica de estadísticas oficiales de delincuencia e inseguridad vinculadas a la inmigración masiva e ilegal, para facilitar la toma de decisiones por parte del Ejecutivo en materia de seguridad. Tal como recuerdan fuentes de Vox, cuando estaban en el Gobierno en la pasada legislatura hicieron públicos los datos de condenados en juzgados de violencia contra la mujer y juzgados de lo Penal, tanto de nacionales como de extranjeros, que recoge el informe anual del Consejo General del Poder Judicial, y a su salida del Ejecutivo dejó de hacerse cuando el PP estaba al frente de la Dirección General de Justicia.

En lo que respecta a la Consejería de Medio Ambiente, quieren poner en marcha, de nuevo en el ámbito de sus competencias y de forma coordinada con las administraciones competentes, un plan plurianual de limpieza del río Ebro frente a las inundaciones. En concreto, se pretende impulsar «el saneamiento, la retirada de vegetación y la adecuada gestión del cauce», de acuerdo con la legalidad vigente. El plazo fijado para que se produzcan los primeros avances al respecto es antes de que finalice 2026.

Y finalmente, también quieren trabajar de forma inmediata, desde la Consejería de Agricultura, en lo que tiene que ver con el rechazo a la Agenda 2030 y a Mercosur y la protección del sector primario. En el acuerdo se recoge el compromiso del Gobierno de Aragón de no aprobar ninguna medida que perjudique a este sector y lo proteja de forma activa «económica, política y jurídicamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde», así como el rechazo explícito al citado acuerdo comercial «en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores aragoneses».

Cuestiones como ese rechazo frontal a la política migratoria del Ejecutivo central y a las políticas verdes de Bruselas vuelven a centrar el mensaje de Vox en la campaña para las elecciones andaluzas, junto a la prioridad nacional. Santiago Abascal reclama estos días a Juanma Moreno que «pase a la oposición» frente al Gobierno de Sánchez, algo que cree que solo va a ocurrir si Vox está en el próximo Ejecutivo de la Junta. Y pide fuerza en las urnas para condicionarlo y poder extrapolar a Andalucía medidas como las acordadas en Aragón o Extremadura.