(Foto de ARCHIVO) Narcolancha interceptada en Chipiona.
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El presidente de la Audiencia Nacional pide al CGPJ asumir plenas competencias contra el crimen organizado del narcotráfico
La propuesta es parte del debate abierto en el seno del Poder Judicial sobre la necesidad de redefinir las competencias del órgano jurisdiccional central, en materia penal, como resultado del crecimiento exponencial de la delincuencia
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, planteaba, en una reunión celebrada por la Sala de Gobierno del órgano de instrucción central, el pasado 26 de abril, la necesidad de plantear un debate sobre el alcance real de sus competencias penales.
La propuesta que ha venido trabajándose a nivel interno, desde el pasado verano, entre los propios magistrados y la Fiscalía especial Antidroga, ha sido, ahora, trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGP), según ha podido saber El Debate en exclusiva, en un escrito remitido hace unos días por Fernández, en el que se solicitaba al máximo órgano de representación de jueces y magistrados la posibilidad de actualizar y ampliar sus funciones. En especial, debido a evolución del crimen organizado, el carácter transnacional del mismo y el crecimiento de los delitos de narcotráfico, cada vez más especializado, que en los últimos tiempos están poniendo en jaque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Sur de España.
El acuerdo, sobre este particular, recogido en el punto Séptimo del acta de la Sala de Gobierno de la AN ya está sobre la mesa del Consejo que, por el momento, y tal y como ha confirmado este diario, no se ha pronunciado al respecto.
Y es que, desde la Audiencia Nacional se ha detectado la necesidad de cambiar algunos de los aspectos judiciales en la lucha contra la criminalidad, en todas sus vertientes, como parte de la política compartida desde la Unión Europea en materia de seguridad. No en vano, tanto el terrorismo, como las amenazas híbridas, la trata de seres humanos y la pornografía infantil, vinculada al uso de las redes sociales, de las que también se desprende un incremento de la delincuencia económica y la cibercriminalidad, conforman una realidad delictiva, cuyo tratamiento material y procesal requiere de ciertos ajustes de la ley vigente, y más en concreto del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).