El aplazamiento de la declaración de Aldama y la comparecencia de Koldo mantienen en vilo la corrupción del 'sanchismo'

Cuando parecía que el Supremo había puesto punto y aparte en la macro causa que salpica de corrupción al Gobierno de Pedro Sánchez, tras el final del primer juicio por la trama de las mascarillas, la Audiencia Nacional ha vuelto a colocar el foco sobre el PSOE. El juez Ismael Moreno, instructor del tronco central del caso en el órgano central de instrucción ha arrancado con los trámites de declaraciones previstas para aclarar los contratos de compraventa de material sanitario que están bajo sospecha, tanto en Canarias como en Baleares.

Sin embargo, las dos primeras declaraciones previstas al respecto del asunto han quedado sustancialmente modificadas, en los últimos días. Por una parte, el magistrado ha aplazado, hasta el próximo día 21 de mayo, el interrogatorio como investigado del empresario Víctor de Aldama por las asignaciones del suministro de ambas autonomías a Soluciones de Gestión. Y, al mismo tiempo, la defensa de Koldo García Izaguirre ha fracasado en su intento por suspender su citación de este mismo jueves, al menos de momento, alegando que los hechos por los que van a preguntarse al ex asesor ministerial ya fueron juzgados durante las sesiones celebradas en el Alto Tribunal.

Así las cosas, el movimiento procesal tiene una doble lectura para el calvario judicial del Gobierno porque se mantiene en vilo a figuras clave del 'sanchismo' actual como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

No en vano, la decisión de Aldama de colaborar con la Justicia ya ha dejado un reguero de pruebas extensísima ante el colegio de magistrados que está llamado a dictar la primera sentencia antes del verano. Los pagos mensuales de 10.000 euros a Koldo, las implicaciones directas del ex asesor en las adjudicaciones, en cuyo último término la palabra de José Luis Ábalos era palabra de ministro; y, el relato que dejaba abierta a una «organización criminal» mucho más amplia que la dedicada a la mera compra de material sanitario, en plena pandemia, auguran un futuro incierto al Ejecutivo socialista y al propio partido en Ferraz.

El aplazamiento, justificado oficialmente de acuerdo con la «verificación de agenda» de la Audiencia, llega en un momento especialmente delicado. Apenas una semana después de que el Supremo dejara visto para sentencia el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Aldama por los contratos de Puertos del Estado, Adif y la Secretaría de Estado de Seguridad. Allí, Aldama aportó datos relevantes que, según fuentes jurídicas consultadas, han permitido a la Sala «enlazar indicios» que antes, en base a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quedaban en el aire.

Ahora, con la pieza separada de Baleares y Canarias reflotada, el juez Moreno amplía la imputación por tráfico de influencias. Y Aldama, en libertad provisional y con una primera petición de siete años de cárcel, por parte de la Fiscalía, tiene ante sí una nueva oportunidad -y la responsabilidad- para seguir desgranando su versión y apuntalando su cooperación judicial, a cambio de beneficios.

La estrategia de ganar tiempo

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, presentaba hace unas horas, tal y como contaba El Debate, un escrito pidiendo la anulación de su comparecencia. Argumentaba la letrada que su cliente ya ha sido analizado por los mismos contratos en el Supremo y que repetir declaración vulneraría el principio de non bis in idem. Es decir, no se juzgado dos veces por los mismos hechos. Si bien el intento no ha tenido consecuencias prácticas y Koldo volverá a salir hoy de su encierro en la prisión provisional de la cárcel de Soto del Real —de donde el Supremo rechazó hace días su salida, al apreciar riesgo de fuga— y cada nuevo frente judicial le obliga a defenderse con las manos atadas.

Así las cosas, la instrucción ha dado un margen relativo a las defensas para preparar mejor sus estrategias. Pero también ha provocado un efecto paradójico: cuanto más se dilata el procedimiento, más tiempo tiene Aldama para preparar sus aportaciones y, potencialmente, aportar nueva documentación y evidencias de la corrupción socialista.

Fuentes próximas a la investigación aseguran que el empresario conserva «un arsenal» de pruebas sobre los contratos balear y canario. Si confirma ante el juez lo que ya ha insinuado —reuniones con presidentes autonómicos, comisiones exigidas y no siempre pagadas, presiones políticas y mensajes comprometidos de Whatsapp—, el caso dejará de ser solo el de Ábalos y Koldo para convertirse en una amenaza existencial para el PSOE nacional, sobre dos miembros del núcleo duro en activo y, por extensión, para Ferraz.

Políticamente, el impacto es demoledor en vísperas de las elecciones andaluzas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa secuestrado por las causas judiciales más incómodas. Y, de hecho, el aplazamiento del interrogatorio de Aldama mantiene viva la llama del escándalo justo cuando el Gobierno intentaba pasar página, tras el juicio en el Supremo y dar por amortizado el asunto bajo el parapeto del hantavirus.

Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, y Torres, actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, vuelven a estar en el punto de mira tras revelar Aldama, en el Alto Tribunal, que Koldo le pidió una 'mordida' para Torres por el contrato canario —aunque aseguró que, finalmente, no se pagó— y dejaba caer que en Baleares hubo gestiones directas del entorno de Armengol, a favor de la trama.

Más allá de lo puramente judicial

Los tiempos judiciales del 'caso mascarillas' tienen, por extensión, un efecto dominó en las piezas separadas que investiga la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación irregular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, ya ha pedido incorporar las declaraciones de Aldama y Koldo del Supremo a las causas abiertas por amaños de obra pública y por los pagos en metálico en los sobres de Ferraz.

Una petición que ha sido aceptada por el juez Moreno lo que significa que las «chistorras» de Koldo -esos billetes de 500 euros que él mismo reconoció haber cobrado del partido, a través de hojas de gastos que no habrían sido incorporadas a la contabilidad fiscalizada por el Tribunal de Cuentas— y las acusaciones de Aldama sobre constructoras que pagaban a cambio de adjudicaciones ya forman parte oficial del expediente.

Para el sanchismo, esto supone un doble problema. Por un lado, judicial: cada nueva declaración de Aldama puede generar indicios suficientes para abrir diligencias contra terceros. Por otro, político: el relato de corrupción sistémica durante la pandemia —precisamente el momento en que Sánchez se presentó como salvador de España— erosiona la narrativa oficial. Ya no se trata solo de un exministro y su asesor. Es una trama que salpica a presidentes autonómicos socialistas, a la cúpula del partido y, por rebote, a Moncloa.

El aplazamiento, en apariencia técnico, revela en realidad la fragilidad de la estrategia defensiva del PSOE. Mientras el Gobierno presume de «transparencia» y «colaboración con la justicia», sus antiguos aliados —y ahora imputados— siguen desgranando un relato que pone en jaque la versión oficial. Koldo, desde prisión, intenta blindarse con recursos procesales. Aldama, en libertad, gana tiempo para decidir hasta dónde llega su colaboración.

Un caso que «va para largo»

Nueve meses después de que estallara el caso Koldo, la justicia avanza a trompicones, pero avanza. El Supremo ya tiene sobre la mesa las conclusiones definitivas y dictará sentencia en los próximos meses. La Audiencia Nacional, mientras tanto, sigue instruyendo las piezas separadas. El aplazamiento al 21 de mayo y la suspensión provisional de Koldo no son un punto final. Son un paréntesis incómodo que permite al juez Moreno preparar mejor el interrogatorio y a las partes afilar sus argumentos.

Para Pedro Sánchez y su partido, cada día que pasa sin resolución es un día más de desgaste. Porque el caso mascarillas ya no es solo una cuestión penal. Es la demostración palpable de que la pandemia, además de vidas, se cobró también la credibilidad de un Gobierno que adjudicó contratos millonarios a dedo mientras pedía «responsabilidad» a los ciudadanos.

El sanchismo puede aplazar declaraciones y suspender comparecencias. Lo que no puede aplazar es la realidad: la trama de las mascarillas sigue abierta.