El aplazamiento de las declaraciones de Koldo y Aldama mantiene en vilo al 'sanchismo' hasta después de las elecciones andaluzas

Cuando parecía que el Supremo había puesto punto y aparte en la macro causa que salpica de corrupción al Gobierno de Pedro Sánchez, tras el final del primer juicio por la trama de las mascarillas, la Audiencia Nacional ha vuelto a colocar el foco sobre el PSOE. El juez Ismael Moreno, instructor del tronco central del caso en el órgano central de instrucción ha arrancado con los trámites de declaraciones previstas para aclarar los contratos de compraventa de material sanitario que están bajo sospecha, tanto en Canarias como en Baleares.

Sin embargo, las dos primeras declaraciones previstas al respecto del asunto han quedado sustancialmente modificadas, en los últimos días. Por una parte, el magistrado ha aplazado, hasta el próximo día 21 de mayo, el interrogatorio como investigado del empresario Víctor de Aldama por las asignaciones del suministro a Soluciones de Gestión. Y, al mismo tiempo, la defensa de Koldo García Izaguirre ha logrado que su citación de este mismo jueves quede en suspenso, al menos de momento, alegando que los hechos por los que van a preguntarse al ex asesor ministerial ya fueron juzgados, durante las sesiones celebradas en el Alto Tribunal.

Así las cosas, el movimiento procesal tiene una doble lectura para el calvario judicial del Gobierno porque, si bien ha supuesto un pequeño baló de oxígeno para el Gobierno justo antes de las elecciones andaluzas, lo cierto es que se mantiene en vilo a figuras clave del 'sanchismo' actual como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

No en vano, la decisión de Aldama de colaborar con la Justicia ya ha dejado un reguero de pruebas extensísima ante el colegio de magistrados que está llamado a dictar sentencia. Los pagos mensuales de 10.000 euros a Koldo, las implicaciones directas del ex asesor en las adjudicaciones, en cuyo último término la palabra de José Luis Ábalos era palabra de ministro; y, el relato que dejaba abierta a una «organización criminal» mucho más amplia que la mera compra de material sanitario, en plena pandemia, auguran un futuro incierto al Ejecutivo socialista y al propio partido en Ferraz.

El aplazamiento, justificado oficialmente por «verificación de agenda» de la Audiencia, llega en un momento especialmente delicado. Apenas una semana después de que el Supremo dejara visto para sentencia el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Aldama por los contratos de Puertos del Estado, Adif y la Secretaría de Estado de Seguridad. Allí, Aldama aportó datos relevantes que, según fuentes jurídicas consultadas, han permitido a la UCO «enlazar indicios» que antes quedaban en el aire. Ahora, con la pieza separada de Baleares y Canarias, el juez Moreno amplía la imputación por tráfico de influencias. Y Aldama, en libertad provisional y con una petición fiscal de siete años de cárcel, tiene ante sí una oportunidad —y una responsabilidad— para seguir desgranando su versión.

La estrategia de ganar tiempo

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha presentado un escrito pidiendo directamente la anulación de su comparecencia. Argumenta que su cliente ya ha sido juzgado por los mismos contratos en el Supremo y que repetir declaración vulneraría el principio de non bis in idem. El juez, por ahora, no ha resuelto, pero el mero hecho de que la citación quede en suspenso es significativo. Koldo sigue en prisión provisional —el Supremo rechazó hace días su libertad al apreciar riesgo de fuga— y cada nuevo frente judicial le obliga a defenderse con las manos atadas.

Este movimiento tiene consecuencias inmediatas. En primer lugar, judiciales: retrasa la instrucción y da margen a las defensas para preparar mejor sus estrategias. Pero también genera un efecto paradójico. Cuanto más se dilata el procedimiento, más tiempo tiene Aldama para perfilar su relato y, potencialmente, aportar nueva documentación. Fuentes próximas a la investigación aseguran que el empresario conserva «un arsenal» de pruebas sobre los contratos balear y canario. Si confirma ante el juez lo que ya ha insinuado —reuniones con presidentes autonómicos, comisiones exigidas y no siempre pagadas, presiones políticas—, el caso dejará de ser solo el de Ábalos y Koldo para convertirse en una amenaza existencial para el PSOE regional y, por extensión, para Ferraz.

Políticamente, el impacto es demoledor. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respira aliviado cada vez que un juzgado archiva o ralentiza una causa incómoda. Pero aquí ocurre lo contrario. El aplazamiento mantiene viva la llama del escándalo justo cuando el Gobierno intentaba pasar página tras el juicio en el Supremo. Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, y Torres, actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, vuelven a estar en el punto de mira. Aldama ya ha relatado en el Supremo que Koldo le pidió comisión para Torres por el contrato canario —aunque aseguró que no se pagó— y ha dejado caer que en Baleares hubo gestiones directas con el entorno de Armengol.

Más allá de lo puramente judicial

El retraso no solo afecta a los imputados directos. Tiene un efecto dominó en las piezas separadas que investiga la Audiencia Nacional sobre supuesta financiación irregular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido incorporar las declaraciones de Aldama y Koldo del Supremo a las causas abiertas por amaños de obra pública y por los pagos en metálico en Ferraz. El juez Moreno ha aceptado esa petición. Es decir, las «chistorras» de Koldo —esos billetes de 500 euros que él mismo reconoció cobrar del partido— y las acusaciones de Aldama sobre constructoras que pagaban a cambio de adjudicaciones ya forman parte oficial del expediente.

Para el sanchismo, esto supone un doble problema. Por un lado, judicial: cada nueva declaración de Aldama puede generar indicios suficientes para abrir diligencias contra terceros. Por otro, político: el relato de corrupción sistémica durante la pandemia —precisamente el momento en que Sánchez se presentó como salvador de España— erosiona la narrativa oficial. Ya no se trata solo de un exministro y su asesor. Es una trama que salpica a presidentes autonómicos socialistas, a la cúpula del partido y, por rebote, a Moncloa.

El aplazamiento, en apariencia técnico, revela en realidad la fragilidad de la estrategia defensiva del PSOE. Mientras el Gobierno presume de «transparencia» y «colaboración con la justicia», sus antiguos aliados —y ahora imputados— siguen desgranando un relato que pone en jaque la versión oficial. Koldo, desde prisión, intenta blindarse con recursos procesales. Aldama, en libertad, gana tiempo para decidir hasta dónde llega su colaboración.

Un caso que «va para largo»

Nueve meses después de que estallara el caso Koldo, la justicia avanza a trompicones, pero avanza. El Supremo ya tiene sobre la mesa las conclusiones definitivas y dictará sentencia en los próximos meses. La Audiencia Nacional, mientras tanto, sigue instruyendo las piezas separadas. El aplazamiento al 21 de mayo y la suspensión provisional de Koldo no son un punto final. Son un paréntesis incómodo que permite al juez Moreno preparar mejor el interrogatorio y a las partes afilar sus argumentos.

Para Pedro Sánchez y su partido, cada día que pasa sin resolución es un día más de desgaste. Porque el caso mascarillas ya no es solo una cuestión penal. Es la demostración palpable de que la pandemia, además de vidas, se cobró también la credibilidad de un Gobierno que adjudicó contratos millonarios a dedo mientras pedía «responsabilidad» a los ciudadanos.

El sanchismo puede aplazar declaraciones y suspender comparecencias. Lo que no puede aplazar es la realidad: la trama de las mascarillas sigue abierta.