El Gobierno se desentiende de los etarras en semilibertad: «Interior no custodia a ningún interno de ETA en tercer grado»

En junio de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto «de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria», con el que –según dice la propia norma– «quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios de la Administración del Estado sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria».

A pesar de esta decisión, la web oficial de la Moncloa explicó entonces que «la legislación y la normativa penitenciaria seguirán siendo competencia estatal, común en toda España», mientras que «el País Vasco asumirá las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros».

«El traspaso incluye los bienes inmuebles afectos al servicio penitenciario ubicados en Bilbao-Basauri, San Sebastián, Nanclares de la Oca y Álava. El Estado también traspasa 684 puestos de trabajo ocupados y vacantes, adscritos actualmente a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y a la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo», añadió.

Desde entonces, tal y como ha publicado El Debate, es la administración autonómica –y no el Ministerio del Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska– la que decide sobre la clasificación penitenciaria de los internos, aplicando progresiones de grado o utilizando el 100.2 para darles la semilibertad. La encargada de tomar esta decisión es la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco –encabezada por la dirigente del PSOE María Jesús San José–, que desde junio de 2024 ha concedido más de 30 terceros grados y regímenes de semilibertad a presos etarras.

En este contexto, la senadora del PP María José Pardo presentó en febrero una pregunta escrita al Ejecutivo sobre los reos etarras: «¿Cómo se está garantizando el cumplimiento de las órdenes de alejamiento impuesta a los presos de ETA que ahora gozan de beneficios penitenciarios cómo el tercer grado o régimen de semilibertad?».

En su respuesta –y a pesar de que la Moncloa dejó claro en 2021 que «la legislación y la normativa penitenciaria seguirán siendo competencia estatal, común en toda España»– el Gobierno ha señalado que «en relación con la pregunta de referencia, se informa de que, en la actualidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior no custodia a ningún interno de ETA en tercer grado». Por ende, debido a que todos los presos etarras se encuentran en el País Vasco o Navarra, y ya que las competencias están transferidas, el Ejecutivo se desentiende de los reclusos terroristas en régimen de semilibertad.

«En cualquier caso, cabe recordar que las decisiones penitenciarias se adoptan con criterios técnicos conforme a lo previsto en la normativa penitenciaria y con supervisión judicial», dice también la contestación a la cuestión parlamentaria, a la que ha tenido acceso El Debate.