El Gobierno vasco vuelve a contradecir a la Audiencia Nacional y otorga la semilibertad al etarra Gurutz Agirresarobe

El Gobierno vasco ha vuelto a chocar con el criterio de la Audiencia Nacional en materia penitenciaria al conceder el régimen de semilibertad al preso de ETA Gurutz Agirresarobe, condenado por el asesinato del jefe de la Policía Local de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, en 2003. El Ejecutivo autonómico aplica desde hace meses al recluso el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida excepcional que le permite salir diariamente de la prisión de Basauri y regresar únicamente para dormir.

La decisión llega apenas cinco meses después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional frenara la concesión del tercer grado al etarra al considerar «precipitada» su progresión penitenciaria. El Ministerio Público reconocía entonces la «buena evolución» de Agirresarobe, pero advertía de que todavía había disfrutado de «pocos permisos» y de que seguía lejos de cumplir las tres cuartas partes de la condena de 30 años de prisión que extinguirá en 2033.

Pese a ello, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigido por la consejera socialista María Jesús San José, ha optado ahora por aplicar al preso el artículo 100.2, una fórmula intermedia entre el segundo y el tercer grado que le permite abandonar la cárcel de lunes a viernes para desarrollar un supuesto plan de reinserción fuera del centro penitenciario.

Agirresarobe fue condenado a 32 años de cárcel por asesinar a tiros a Joseba Pagazaurtundua el 8 de febrero de 2003, acribillándole mientras desayunaba. Durante años, el autor material del crimen logró permanecer oculto al no estar fichado policialmente, pero la Ertzaintza consiguió finalmente identificarlo en 2010 gracias a una muestra de ADN obtenida de un botellín de agua que utilizó mientras permanecía detenido y que permitió vincularle con el rastro biológico hallado en la taza de café que dejó en el establecimiento minutos antes del asesinato.

El etarra ingresó en prisión en agosto de 2010 por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. Además de la pena de cárcel, fue condenado a indemnizar con 400.000 euros a la viuda de Pagazaurtundua y con 200.000 euros a cada uno de sus hijos. También tiene prohibido acercarse a menos de 50 kilómetros de San Sebastián y de los familiares de la víctima.

En las últimas semanas, varios magistrados han revocado medidas similares concedidas por las instituciones penitenciarias vascas a otros presos de ETA como Soledad Iparragirre, Juan Manuel Carasatorre o Gregorio Vicario Setién, condenado por los secuestros de José María Aldaya y Cosme Delclaux. Precisamente este viernes, la juez de Vigilancia Penitenciaria Reyes Gimeno rechazó aplicar también el artículo 100.2 a Vicario Setién, cuestionando la falta de un verdadero «plan de ejecución» que justificara una medida excepcional como la semilibertad.