Una jueza tumba la semilibertad del etarra Vicario Setién, que participó en el secuestro de Cosme Delclaux

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha rechazado otorgar el régimen de semilibertad para el etarra Gregorio Vicario Setién en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como había acordado el Gobierno vasco el pasado mes de diciembre. En el auto, la jueza Reyes Jimeno explica que la decisión del régimen de semilibertad había sido acordado por el Centro Directivo sin previa propuesta de la Junta de Tratamiento, que abogaba por su continuidad en el segundo grado penitenciario.

La defensa de Vicario Setién ya había presentado un recurso de reforma contra la decisión del órgano judicial el pasado 4 de marzo, cuando ya se le denegó la aplicación del artículo 100.2.

Nacido en la localidad de Durango, en Vizcaya, en 1957, Vicario Setién está condenado a más de 265 años de prisión por los delitos de asesinato, estragos, atentados, explosivos y terrorismo. Miembro del Comando Barcelona de la banda terrorista ETA, fue detenido en la localidad francesa de Annonay en el año 20021, y condenado en 2005 a 18 años de cárcel por el Tribunal Especial de lo Criminal de París. En 2016, fue entregado a España.

Entre sus crímenes, se le relaciona con varios atentados con coche bomba en Barcelona durante el año 1993, que causaron varios heridos, el asesinato del coronel del Ejército Leopoldo García Campo, ocurrido en 1994, y el atentado contra el Gobierno militar de Barcelona ese mismo año que provocó la muerte del civil Vicente Beti Montesinos.

Además, tambiém se le considera responsable de los secuestros de José María Aldaya, un empresario que pasó 100 días bajo las manos de ETA, y de Cosme Delclaux, que estuvo casi ocho meses secuestrado por la banda terrorista y que falleció hace apenas unos días. Concretamente, en el caso de Delcaux, Vicario Setién, junto al también etarra José Ordoñéz Fernández, adquirió el zulo en la localidad de Irún donde el abogado pasó 232 días de su vida.

Hace unas semanas, el juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, también tumbó los regímenes de semilibertad de los que disfrutaban dos conocidos etarras: Juan Ramón Carasatorre y la exdirigente María Soledad Iparragirre, alias Anboto, aludiendo a la «extrema gravedad» de los delitos por los que habían sido condenados.