La cúpula del PSOE usó su estructura para obstruir a la Justicia en las causas críticas para Sánchez

Lo que revela el último auto dictado en la Audiencia Nacional, en el marco de una causa contra la corrupción socialista, no tiene precedente democrático en España, ni en ninguna democracia occidental consolidada, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha: la dirección ejecutiva de un partido en el Gobierno, presuntamente, diseñando y financiando una operación para comprar fiscales, corromper a mandos policiales, condicionar testigos y desacreditar a quienes, hoy por hoy, en España, están al frente de las causas de corrupción que salpican al núcleo duro del presidente del Ejecutivo en su formación, a su mujer y su hermano.

Según se describe a lo largo de su resolución judicial, dictada en el marco de las Diligencias Previas 150/2025 del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, el PSOE maniobró con la intención de obstaculizar los procedimientos que se siguen en los tribunales y amenazan el futuro de Pedro Sánchez.

El auto es, de acuerdo con la tesis sostenida por los investigadores, uno de los documentos judiciales más graves que ha producido la democracia española. No se trata de una investigación sobre corrupción económica ordinaria, sino de algo cualitativamente muy diferente: la presunta instrumentalización de la estructura orgánica de un partido en el Gobierno para obstruir, de manera sistemática, la acción de la Justicia en las causas que afectan, directamente, al círculo político y familiar, más íntimo, del presidente del Gobierno.

La arquitectura de la trama

El núcleo del relato judicial arranca en los primeros meses de 2024, cuando confluyen dos realidades preexistentes. De un lado, el grupo Hirurok -ya investigado en las Diligencias Previas 89/2025 del Juzgado Central de Instrucción nº 6- del que formaban parte tanto Leire Díez Castro, la conocida como 'fontanera' socialista, Vicente Cecilio Fernández Guerrero y Joseba Antxón Alonso Egurrola, amigo y socio de Santos Cerdán, que venía operando desde 2021 como una estructura de tráfico de influencias ante la Administración con finalidad lucrativa.

Por otra parte, el propio Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE quien, tras la salida del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, de acuerdo con el auto tenía conocimiento de esas actividades, habría financiado parcialmente el grupo y se situaba en un plano jerárquico superior dentro del mismo.

El punto de inflexión se produce, sin embargo, en una reunión mantenida el 26 de abril de 2024 en la sede nacional de los socialistas en Ferraz. Ese día, cuatro tras la apertura de las diligencias contra Begoña Gómez y dos después de que Sánchez publicara su célebre 'Carta a la Ciudadanía' anunciando un período de reflexión, Cerdán convocó de urgencia a Leire Díez, tal y como la propia investigada se lo comunicó a Vicente Fernández la víspera: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente.»

Así las cosas, el encuentro, celebrado en la sede del partido, contó también con la presencia del empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano (uno de los hombres más influyentes del 'sanchismo', ex jefe de gabinete de Sánchez en el partido) e Ion Fernando Antolín, ex director de Comunicación del PSOE.

Desde ese momento, el grupo desplegaría a lo que el propio auto califica como una «actividad continuada y estructurada» orientada a un objetivo declarado por la propia Leire Díez en varias conversaciones intervenidas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la guardia Civil: «Ya tenemos una estrategia (...) llevamos meses trabajando en ella. Está todo perfectamente coordinado».

El objetivo final, según sus propias anotaciones manuscritas, intervenidas en las pesquisas: «Destruir el procedimiento» judicial.

Las seis líneas de acción estratégica

Lo que sigue en el auto es un catálogo de actuaciones penalmente relevantes acreditadas por elementos documentales, grabaciones y testimonios concretos que desvelan los intentos de 'chantaje' a determinados actores de diferentes administraciones, relevantes para sus intereses.

La primera línea apunta al fiscal José Grinda González, encargado de causas vinculadas a varios de los investigados. A través del periodista Pere Rusiñol Costa, el grupo habría hecho llegar a dicho fiscal, el 27 de febrero de 2025, un ofrecimiento que el auto cuantifica en 300.000 euros, a cambio del archivo de sus procedimientos y de que proporcionase a la trama información comprometida sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. No en vano, en las agendas intervenidas a Leire Díez se recoge una anotación de puño y letra que se atribuye a la 'fontanera': «300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor». La respuesta fue negativa: «No hay agua, al menos de momento».

La segunda línea afecta al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, imputado en otra causa judicial, que fue contactado por Leire Díez en dos ocasiones, en marzo de 2025. El propio Villalba documentó el contenido de dichos encuentros en los que la propuesta pasaba porque proporcionase información clasificada sobre la UCO y sobre el propio fiscal Grinda, a cambio de que el PSOE se hiciese cargo de los honorarios de su defensa legal y de que recuperase su trayectoria profesional, en puestos de máxima responsabilidad. Esto es, un ascenso a cambio de trapos sucios.

El auto recoge cómo el propio Villalba llegó a proporcionar datos, siendo consciente de que era información legalmente secreta, tal y como se deduce de algunos mensajes interceptados en sus comunicaciones: «Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos».

La tercera línea se proyectó sobre el fiscal Ignacio Stampa Fuente, con quien Leire Díez y Pérez Dolset se reunieron el 7 de mayo de 2025 ofreciéndole su retorno a la Fiscalía Especial contra la corrupción y asistencia jurídica en un pleito personal que el fiscal mantenía abierto contra la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el que entonces era su número dos, Álvaro García Ortiz, posteriormente sucesor de ésta en el cargo y hoy condenado por revelación de secretos. Stampa puso en conocimiento de su superior jerárquica, la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra lo que estaba sucediendo y fue uno de los dos encargados de denunciarlo, dando origen a la causa que se sigue contra la 'fontanera' en el juzgado de Instrucción Central número 9.

La cuarta, bautizada internamente como la línea de «hidrocarburos», fue asignada por Leire Díez directamente a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán hasta que este resultó formalmente imputado en el procedimiento que se sigue contra los amaños de obra pública a cambio de 'mordidas'.

El plan, explicado por el propio Teijelo, en conversación con Pérez Dolset, era instrumentalizar las nulidades procedimentales de los casos de fraude en hidrocarburos para generar efectos expansivos hacia las causas que afectaban al Gobierno: «Lo que sí te puedo decir es que lo que hay es una oportunidad más para ellos [Gobierno], que para mí o mi cliente. En primer lugar, porque hay una nulidad de actuaciones que se podría transmitir hasta las causas de Koldo».

La quinta actuación consistió en el intento de compra del testimonio de María del Carmen Pano Sánchez, la testigo que declaró en sede policial -y ante notario- haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, procedentes de un empresario relacionado con la trama anterior, y socio del comisionista Víctor de Aldama, Claudio Rivas. El auto describe cómo Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez señalando que la negociación era necesaria y obteniendo la autorización de esta: «Negócialo. Si puedes, hazlo». La conversación posterior es más explícita: «Ésta se vende. Debemos saber comprar». El auto aprecia, en este punto, indicios de que el ofrecimiento se materializó en 50.000 euros canalizados a través de la letrada de Koldo García Izaguirre, Leticia de la Hoz Calvo.

La sexta línea fue la de desprestigio institucional de la UCO, mediante denuncias sucesivas ante la Fiscalía General del Estado, filtración de informaciones comprometidas a medios afines y siembra de expedientes de información reservada contra mandos investigadores, articulada bajo el lema: «UCO Patriótica».

El PSOE como infraestructura

Sin embargo, lo que convierte el auto del magistrado Santiago Pedraz en algo cualitativamente distinto de una trama de corrupción clásica es la conclusión que lleva al instructor a sostener que Santos Cerdán, en su condición de Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido. Esto incluye financiación de procedencia irregular, personal administrativo, instalaciones para reuniones, logística para los desplazamientos y cobertura documental ficticia para ocultar los pagos, a través de facturas falsas.

A través de esta operativa es donde la trama adquiere, de acuerdo con la instrucción de la causa declarada secreta, su verdadera dimensión: la actividad nuclear del grupo Irurok, germen de los delitos consistía, precisamente en orientar expedientes administrativos y situara personas en puestos relevantes de la Administración Pública para acceder al control de los mismos. De hecho, el valor añadido de los miembros de la misma era su capacidad de influencia a nivel autonómico y municipal.

Y, para garantizar la viabilidad del proyectos delictivo, se articuló una mecánica financiera, en dos fases. Por una parte, la empresa Zaño Sociedad Consultora SL, vinculada al ex senador socialista Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, abonó a Leire Díez cuatro pagos de 4.000 euros mensuales por sus servicios. Una vez estos cesaron, entonces, el partido abonó al Estudio Jurídico Oliver & Partners, la cantidad de 27.225 euros que, a su vez, a través de Oliver Gruppe SL se ingresaron, de nuevo, a Leire Díez.

Para ello, se emitieron, supuestamente, facturas falsas que amparaban dichos pagos y que se confeccionaron a instancias de Ana María Fuentes Pacheco, actual directora gerente federal del PSOE. Además de a la 'fontanera', al abogado Jacobo Teijelo le habrían llegado, al menos que hayan identificado los investigadores de la UCO, un total 125.000 euros con idéntica cobertura documental.

Por su parte, la ya fallecida periodista Patricia López Lucio, propietaria de Crónica Libre, habría recibido cerca de 20.000 euros por su colaboración, bajo el concepto de una campaña publicitaria de las elecciones al Parlament de Cataluña. De hecho, el juez Santiago Pedraz ya ha pedido que se siga el rastro de los fondos utilizados en la campaña electoral del socialista Salvador Illa, ex ministro de Sanidad de Sánchez, en 2024, a la Presidencia de la Generalitat.

La conexión venezolana y Villarejo

El auto del juez Pedraz en la causa que se sigue contra las 'cloacas' del PSOE introduce, además, un elemento que amplía el perímetro de la investigación de manera muy significativa hacia el abogado Ismael Oliver Romero, representante de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía de Venezuela bajo el Gobierno de Hugo Chávez, entre 2004 y 2006, investigado en varias causas ante la Audiencia Nacional por el fiscal Grinda.

De acuerdo con el escrito del magistrado, para defender los intereses de su cliente, Oliver habría intentado comprometer la actuación de Grinda utilizando a Miriam Serrano, una mujer que mantenía un pleito vivo contra el fiscal. En el marco de esa colaboración, el grupo habría ofrecido los ya referidos 300.000 euros a Grinda, al tiempo que gestionaba para Villalobos su expediente de concesión de la nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España, utilizando contactos en el PSOE que habrían llegado hasta el número tres del partido, identificado como Henry Molano Moreno.

En esta derivada, Crónica Libre, el medio que Patricia López Lucio dirigía hasta su muerte, operaba como plataforma de difusión, utilizando en algunos casos grabaciones procedentes de los archivos del comisario Villarejo. Tal y como se ha localizado en las anotaciones manuscritas intervenidas a Leire Díez, la trama habló de la «creación de un periódico» con la denominada 'Operación PSOE'. El auto conecta así la pieza a cargo de Pedraz con la causa especial 20775/2020.

El alcance jurídico del fallo

Por todo lo anterior, el juez Pedraz acordaba vía requerimiento judicial al representante legal del PSOE que se entregase, con carácter inmediato, a los agentes que ayer se personaron en la sede nacional de los socialistas, en la calle Ferraz, el volcado íntegro de los buzones de correo electrónico de Santos Cerdán, Fuentes Pacheco, Antolín y otros empleados, desde el año 2021; información completa del servidor NAS del partido; registro de visitas a Ferraz, desde 2024; contratos, facturas y libros contables de los ejercicios 2024 y 2025; y los libros de cumplimiento normativo.

De manera subsidiaria, y si durante las 24 horas que duró la práctica de la diligencia, entre las 07:00 horas del 27 de mayo y las 07:00 horas del 28 de mayo de 2026. el magistrado instructor autorizaba la entrada y registro en la gerencia de la sede de Ferraz para la incautación obligatoria de todos los efectos necesarios.

Y es que, desde una perspectiva estrictamente jurídica y según los expertos consultados por El Debate, «el auto tiene una solidez argumental notable». La fundamentación sobre la inviolabilidad domiciliaria de las personas jurídicas, apoyada en la STC 12/2012 y la STC 583/2017 del Tribunal Constitucional y la STS 583/2017 del Supremo es «muy ortodoxa», apuntan los especialista y, por lo tanto, «difícilmente atacable en apelación, dado el menor nivel de protección que el ordenamiento reconoce a las sedes de partidos frente al domicilio de personas físicas».

Además, «los juicios ponderativos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad exigidos por el artículo 588 bis LECrim están razonablemente motivados». Y, de hecho, el carácter subsidiario del registro, condicionado al previo incumplimiento del requerimiento voluntario, es una fórmula cautelosa que «dificulta cualquier recurso por desproporción», sostienen.

La «materialidad indiciaria» que sustenta la investigación es, a diferencia de lo que suele ocurrir en los autos de una fase tan preliminar, «extraordinariamente concreta»: conversaciones interceptadas o grabadas por los propios interlocutores; anotaciones manuscritas de la actora principal, la 'fontanera' Leire Díez; actas levantadas por el guardia civil implicado, Rubén Villalba; mensajes explícitos de WhatsApp y Threema. Lejos de los procedimientos clásicos, en los que las imputaciones llegan por referencias amplias, en este caso, el material disponible, a nivel indiciario, se nutre de actos concretos, fechas precisas y actores perfectamente identificados que, presuntamente, se concertaron desde el partido en el Gobierno para secuestrar el normal funcionamiento del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.