El equipo que según algunos empresarios les pidió dinero.
La trama de Cerdán y la fontanera del PSOE operó dentro de la SEPI desde la llegada de Sánchez al poder
Santos Cerdán contactó con el hombre de María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero, y con Leire Díez para que «mantuviera su capacidad de influencia y decisión en la SEPI»
Cuando el presidente Pedro Sánchez se tomó cinco días de reflexión para decidir si seguía al frente del Ejecutivo, después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias sobre su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, fue la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, la más exaltada en las puertas de Ferraz, la que más aplaudió y jaleó a las personas congregadas en la calle tras el Comité Federal del PSOE del sábado 27 de abril de 2024. Justo el día anterior, en la misma sede socialista, el entonces todopoderoso secretario de Organización, Santos Cerdán, convocó una reunión de «urgencia», que significó «un punto de inflexión» en las actividades de la nueva trama socialista para desestabilizar «causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno».
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una concentración en la calle de Ferraz
A ella asistió el director de Comunicación, Ion Antolín, el abogado Javier Pérez Dolset, el anterior jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, que estuvo al frente de Correos, y una periodista entonces desconocida, Leire Díez. El objetivo era organizar una operación de acoso y derribo contra los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, responsables de las instrucciones tanto de la mujer como del hermano del presidente, David Azagra, que se sienta hoy en el banquillo, aunque por entonces intentaron «destruir el procedimiento» del Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Badajoz.
Esa maniobra para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» causas judiciales no era nueva. La conocida como «fontanera del PSOE» había puesto en práctica el mismo estilo contra la magistrada Mercedes Alaya, que había reabierto la causa de la mina de Aznalcóllar cuando estaba a punto de ser archivada, por la que se imputó al presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, hombre de confianza de Montero desde que estuvo como Interventor en la Junta de Andalucía. Leire Díez estaba contratada como responsable de Comunicación en el Grupo ENUSA (Empresa Nacional de Uranio), participada al 60 % de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), presidida por un amigo íntimo de José Luis Ábalos, el filósofo José Vicente Berlanga.
Ese vínculo con la SEPI no es baladí; según el auto del juez Santiago J. Pedraz, desde el año 2018 existen contactos entre Vicente Fernández y Santos Cerdán, y tras su salida de la presidencia, con Leire Díez para que «mantuviera su capacidad de influencia y decisión en la SEPI», que dependía de la «mujer más poderosa de la democracia», María Jesús Montero, quien pondría su mano en el fuego por Cerdán. Casi un año y medio después de la dimisión de Vicente Fernández, se designó a Belén Gualda como presidenta de la SEPI, y de nuevo el trío formado por Cerdán, Guerrero y Díez trató de que esta última fuera nombrada jefa de su gabinete para «recuperar el control de SEPI». En su lugar, fue fichada por el íntimo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, como jefa del área de Relaciones Institucionales del holding público, mientras que Cerdán ubicaba a Guerrero en Servinabar.
A las órdenes de Cerdán
Una vez fuera de Correos, el exsecretario de Organización del PSOE contrató a Leire Díez con unos honorarios de «4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido» para buscar trapos sucios de jueces después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez. La verdadera máquina del fango, el lawfare, habría estado, según el auto de Pedraz, en manos de dirigentes socialistas. Es el caso de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía, ahora imputado en la Audiencia Nacional por el juez Pedraz junto a Cerdán, Dolset y la gerente del PSOE, que declaró en el Juzgado de Instrucción Núm. 9 de Madrid a mediados de abril pagos de 16.000 euros a la fontanera del PSOE para que buscase la supuesta implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que fue condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación.
Fue la propia Díez quien avisó a Vicente Fernández Guerrero que se iba a Madrid, porque le había «mandado Santos ir» por tener «información que ayudaría al presidente». Por esas fechas, Guerrero ya no era su responsable ni estaba en teoría vinculado a la SEPI, aunque en la práctica seguían influyendo en su seno para presuntamente extorsionar y cobrar 750.000 euros en mordidas. Ambos son dos de los vértices del triángulo del grupo Hirurok, el nombre del grupo de whatsapp al que se le unía el empresario Joseba Antxon Alonso, vinculado a Servinabar y a Santos Cerdán, que también participaría «en un plano de jerarquía superior» de los beneficios de la organización criminal.
Al igual que el caso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya red de influencias movió los hilos de la trama dentro del holding público para conseguir el rescate de la aerolínea Plus Ultra, la SEPI se encuentra de nuevo en el epicentro de las distintas tramas investigadas del PSOE.
