El cinismo de Zapatero: el primer presidente que prohibió aceptar regalos

José Luis Rodríguez Zapatero no solo es el primer presidente del Gobierno que ha sido imputado; también fue el primero que prohibió expresamente los regalos a los miembros del Ejecutivo, les obligó a hacer públicos sus bienes y a no hacer ostentación de riqueza.

Todo esto parece ahora una broma, tras conocerse que Zapatero oculta presuntamente una fortuna en cuentas opacas y tras desvelarse el contenido de la caja fuerte que tenía en su despacho: 103 piezas, entre joyas y relojes, algunas de considerable valor al contener brillantes, esmeraldas, rubíes y zafiros.

Pero al expresidente del Gobierno se le llenaba la boca de palabras como ejemplaridad, austeridad y honradez hasta la semana pasada, cuando se anunció su imputación por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.

Principios éticos

Cuando Zapatero llegó a la Moncloa en 2004, el cohecho y los sobornos estaban castigados en el Código Penal, pero era necesario que alguien lo denunciara y un tribunal dictara sentencia. El entonces presidente del Gobierno quiso ir más allá y que los altos cargos, además de cumplir las obligaciones previstas en las leyes, se guiaran por principios éticos y rechazaran preventivamente los regalos.

Por eso, el Consejo de Ministros aprobó el 18 de febrero de 2005 un Código de Buen Gobierno que, entre otras cosas, prohibía a los altos cargos aceptar regalos que superaran los usos de cortesía. Y, en el caso de que se recibieran, debían incorporarlos a Patrimonio del Estado.

En concreto, el Código de Buen Gobierno establecía que «se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal».

Y añadía lo siguiente: «En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente».

Suprimir los «ilustrísimos»

Este Código de Buen Gobierno incluía otras medidas llamativas, como la supresión de los tratamientos de «excelentísimo» o «ilustrísimo»; a partir de su aprobación, todos serían «el señor...» seguido de su cargo.

Evidentemente, este código solo era de obligado cumplimiento mientras se ocupara un alto cargo en el Gobierno o en la Administración General del Estado. Con el tiempo, este código inspiró la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establecía también la prohibición de aceptar regalos y la obligación de incorporarlos al Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Por lo tanto, si algunas de las joyas y los relojes que Zapatero ocultaba en la caja fuerte eran regalos institucionales recibidos mientras fue presidente del Gobierno, tenía que haberlos rechazado o cedido a Patrimonio del Estado, pero nunca incorporarlos a su patrimonio personal. Y si recibió joyas y relojes con posteridad a su salida de Moncloa, el expresidente deberá explicar quién se los regaló y por qué motivo, así como pagar impuestos porque este tipo de obsequios se consideran un incremento de patrimonio sujeto a tributación.

El Estatuto de los Expresidentes

En España, no existe ninguna norma que limite o restrinja la actividad de los expresidentes ni sus incompatibilidades. Existe un Estatuto de los Expresidentes del Gobierno, que fue aprobado en 1983, pero solo regula sus derechos y el tratamiento de «presidente» que han de recibir de forma vitalicia.

Según este Estatuto, los expresidentes tienen derecho a pensión vitalicia, a dos puestos de trabajo a su servicio, a una dotación para gastos de oficina, a automóvil de representación con conductores de la Administración, a servicios de seguridad y a recibir el apoyo de los servicios de los diplomáticos españoles cuando viajen al exterior.