La mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez
Begoña Gómez denuncia la «velocidad de crucero» del juez Peinado con la instrucción
El abogado de la mujer de Pedro Sánchez y exministro del PSOE, Antonio Camacho, ha señalado que la investigación del magistrado es «absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal», como «si tuviera excesiva prisa» en acabarlo
La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado que el magistrado que ha propuesto juzgarla, Juan Carlos Peinado, haya puesto «una velocidad de crucero» en la causa «absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal», como «si tuviera excesiva prisa» en acabarlo.
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La Complutense reclama a Begoña el software por valor de 113. 509 euros que inscribió a su nombre y con el que facturó
El abogado, exfiscal y exministro socialistas, Antonio Camacho, denuncia la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a Begoña Gómez y los otros dos investigados el 9 de junio a una audiencia preliminar para decidir si abre juicio oral contra ellos.
Una resolución con un razonamiento «jurídicamente inaceptable», según argumenta el letrado en su recurso, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que cuestiona que el juez no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.
A un paso del banquillo de los acusados
Telefónica financió el software de Begoña Gómez sin formalizar un convenio con la cátedra de la Complutense
Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés se encuentran en la recta final de una causa en la que el juez Peinado quiere que sean juzgados por un jurado popular, y a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sus recursos.
La Complutense, en cambio, se personó en enero como actor civil y reclama «daños y perjuicios» ante una presunta apropiación indebida del software ligado a la cátedra que ascienden a alrededor de 113.000 euros.
El abogado cuestiona que el magistrado no le permita «contradecir pericialmente» dichas acusaciones antes de decidir si enviar a juicio a los procesados, lo que supone «una quiebra del principio de igualdad de armas», y subraya que el juez le ha denegado «la practica totalidad de las diligencias» que ha pedido.
Las que han sido practicadas, subraya, ha sido por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Algo similar ocurre con la testifical del codirector de la cátedra; el juez rechazó llamarle a declarar a petición de Begoña Gómez cuando, según su abogado, «nadie mejor que quien compartió la dirección» de la cátedra «puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultado».
