El excomisario José Manuel Villarejo a su salida al primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional
La UCO sostiene que la trama de Leire Díez ofreció a Villarejo un pacto con la Fiscalía a cambio de información
El abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, declaró ante la UCO que ni él ni su cliente llegaron a reunirse con el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la presunta trama investigada en el denominado caso Leire Díez ofreció al comisario jubilado José Manuel Villarejo la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía a cambio de entregar información sobre políticos, empresarios y mandos policiales.
Así consta en un atestado remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa, en el que los investigadores analizan documentación hallada en el teléfono móvil de la exmilitante socialista Leire Díez.
Entre los archivos intervenidos figura un documento que, según la UCO, contenía instrucciones dirigidas al entorno de Villarejo para preparar una reunión con representantes de la Fiscalía. El texto indicaba que los destinatarios serían citados en un despacho donde se encontrarían con «una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)».
Según el contenido del documento, el objetivo era alcanzar un acuerdo que contemplara la aceptación de una condena que no implicara el ingreso en prisión, el pago de una multa económica y la preservación de parte del patrimonio del comisario jubilado. A cambio, Villarejo debería colaborar con la Fiscalía aportando material comprometedor en forma de audios, correos electrónicos y documentos relacionados con diversas personalidades y asuntos de relevancia política y empresarial.
Entre los nombres mencionados figuraban el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. El documento también aludía a información relacionada con BBVA, asuntos vinculados al PSOE, especialmente en Andalucía, y cuestiones relacionadas con Podemos.
No obstante, el abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, declaró ante la UCO que ni él ni su cliente llegaron a reunirse con el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni con responsables de la Fiscalía Anticorrupción.
El letrado confirmó que mantuvo dos reuniones con Leire Díez, quien le habría trasladado la posibilidad de un acercamiento con la Fiscalía porque consideraba injusta la situación procesal de Villarejo. Sin embargo, aseguró que el contenido de aquellas conversaciones le pareció «muy poco creíble y muy fantasioso».
Reuniones con Villarejo y mensajes a Santos Cerdán
La investigación sostiene además que Leire Díez mantuvo varios encuentros con Villarejo y que informaba de ellos a Santos Cerdán, al que identifica con la inicial «S» en distintas conversaciones intervenidas.
Según la UCO, algunos mensajes reflejan la preocupación de Díez por la falta de avances. En uno de ellos señala que «incluso S esté teniendo dudas». Los investigadores sostienen además que los desplazamientos y la logística necesaria para estos encuentros habrían sido facilitados por personal vinculado al PSOE y sufragados por el partido.
En una de las conversaciones incorporadas al sumario, Villarejo se queja de que la Fiscalía continuaba actuando en su contra y afirma que «está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos». Díez le responde: «Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabe. Déjame hacer».
La primera juez de los ERE, Mercedes Alaya
El atestado recoge igualmente actuaciones relacionadas con la magistrada Mercedes Alaya, instructora de causas como los ERE de Andalucía y el caso Aznalcóllar. Según la UCO, Díez mantuvo reuniones con el exresponsable policial Rafael Salvador con el objetivo de obtener información que pudiera comprometer a la magistrada y cuestionar las investigaciones que dirigió. Los agentes han localizado además una carpeta digital denominada «22 grabaciones Rafael Salvador».
Entre los mensajes intervenidos figura una conversación en la que Díez pregunta: «¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos». La documentación también recoge mensajes enviados por la exmilitante socialista al exdirector de la SEPI Vicente Fernández en los que afirma que «tenemos que exterminar socialmente a Alaya» y que «el dolor gratuito ya no puede ser gratis».