El Supremo exige explicaciones a Interior por incumplir desde hace dos años una sentencia que protege a los policías

El Tribunal Supremo ha elevado la presión sobre el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, por el incumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a desarrollar un seguro de responsabilidad civil para los agentes de la Policía Nacional. Más de dos años después de que el Alto Tribunal diera la razón a la Confederación Española de Policía (CEP), la medida continúa sin aplicarse, lo que ha llevado a la Justicia a exigir explicaciones directas a la Administración.

Concretamente, en una providencia dictada el pasado 3 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido al Ejecutivo que identifique qué órgano es el responsable de ejecutar la resolución judicial y detalle qué actuaciones concretas ha llevado a cabo desde febrero de 2024 para hacerla efectiva, lo que supone un nuevo paso del Supremo ante la falta de avances reales en el cumplimiento de una sentencia firme.

Por si fuera poco, la resolución judicial reconoció que el Ministerio del Interior mantenía sin desarrollar una obligación prevista en la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional desde 2015, la cual contempla la creación de un seguro de responsabilidad civil destinado a proteger a los agentes frente a las consecuencias económicas derivadas de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, pese a la sentencia favorable obtenida por el sindicato policial hace más de dos años, el seguro sigue sin aprobarse.

Durante este tiempo, Interior ha trasladado al Supremo que existía un borrador de Real Decreto y que los trámites para su aprobación estaban en marcha, pero la cobertura continúa sin ver la luz. Por su parte, desde la CEP consideran que la actuación del Ministerio evidencia una falta de voluntad política para ejecutar una resolución judicial firme, y se recuerda que el Alto Tribunal ya obligó anteriormente al departamento a informar periódicamente sobre los avances realizados, sin que esos compromisos hayan desembocado en ninguna medida efectiva.

La importancia de este seguro radica en que permitiría cubrir indemnizaciones, fianzas y otras responsabilidades económicas que pudieran derivarse de actuaciones policiales realizadas durante el servicio. Se trata, según los representantes de los agentes, de una garantía jurídica básica que evitaría que un funcionario tuviera que responder con su patrimonio personal por decisiones adoptadas en el ejercicio legítimo de sus funciones. Con todo, el Supremo ha decidido ahora poner el foco directamente sobre Interior para conocer por qué la sentencia sigue sin ejecutarse.