El vicepresidente y consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle
Extremadura pedirá que se autoricen pruebas de edad a menores no acompañados y judicializará los repartos
Lo ha anunciado el vicepresidente, Óscar Fernández Calle, de Vox, que ha tildado de «nefastas y perniciosas» las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Extremadura, Óscar Fernández, de Vox, ha anunciado este viernes que la Junta va a solicitar a la Fiscalía que autorice que puedan realizarse pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados acogidos en la región en los casos en los que no haya «garantía fehaciente» sobre la edad que declaran o en los que haya «sospecha».
«Queremos saber realmente quiénes, de los menores que están en nuestro sistema de acogimiento, es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos», ha señalado Fernández Calle en rueda de prensa, desde donde ha defendido que esta medida la consideran de sentido común, «la lucha contra el fraude».
Y ha asegurado que desde el Gobierno regional no tolerarán que el sistema de acogida de menores «continúe al límite» por culpa, según ha denunciado, de las políticas migratorias del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha tildado de «nefastas y perniciosas».
Además, el vicepresidente ha trasladado que desde ahora la Junta de Extremadura va a agotar «todas las vías legales a su alcance» y judicializar los repartos de menores inmigrantes de otros puntos de España a la región. «Defendemos los intereses de los extremeños también en los tribunales», ha manifestado.
Pruebas de edad también en Aragón
La semana pasada el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia de Aragón, Alejandro Nolasco, comunicó que desde este departamento han dado orden de activar un protocolo para realizar pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados que el Gobierno de Sánchez obliga a esta comunidad a acoger y que no tengan certificado biológico que acredite su edad –según señaló, solo el 20 % de los que llegan lo tienen–.
Informó del caso de un falso menor de edad, procedente de Mauritania, del que se había trasladado que tenía 13 años y tras una prueba biológica se descubrió que en realidad ronda los 20, y que tras ello ha sido expulsado de los servicios sociales de Aragón. Nolasco avisó de que casos de falsos menores que detecten desde la consejería van a ser notificados de forma inmediata y se va a trasladar la responsabilidad a la Delegación del Gobierno.
