Juristas y políticos contradicen el empeño de Marlaska contra los centros de retorno de inmigrantes

El pasado jueves, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, envió una carta a la Unión Europea en la que expresaba su «enorme preocupación» de España por los centros de retorno en terceros países que se aprobarán este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo

«El conjunto de los Estados miembros estamos asumiendo una gran responsabilidad y un riesgo inaceptable; existe un riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», explica el Ministerio del Interior en nombre de todos los países a pesar de que España es el único que se opone frontalmente a la apertura de estos centros.

Los centros de retorno en terceros países son lo mismo que los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) españoles pero ubicados en terceros países y a los que serán enviados las personas que ya tienen rechazada su permanencia en el país europeo o su petición de asilo. Por eso se les llama 'centros de retorno'. Además, no podrán ser vulnerables.

Para la apertura de estos centros en terceros países, el país de europeo tendrá que firmar de forma bilateral un tratado con el tercer país reconocido por la Unión Europea como 'país seguro' que cumple con los Derechos Humanos, explica el eurodiputado español del Partido Popular, Javier Zarzalejos, uno de los negociadores del nuevo Pacto Migratorio Europeo como presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo.

Pero, por si al ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, todavía le quedan dudas, tanto juristas como políticos garantizaron que estos centros de retorno en terceros países son legales.

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Laila Medina, consideró en una sentencia sobre los centros de deportación de Italia en Albania que «el Derecho de la Unión no impide a los Estados miembros ubicar geográficamente centros de internamiento de solicitantes de protección internacional fuera del territorio comunitario».

Pero, al mismo tiempo, recordó que «las directivas europeas pertinentes son de aplicación territorial en esos centros», es decir, es como si los centros de retorno en terceros países fueran considerados suelo de la Unión Europea. De esta forma, las condiciones de internamiento de los solicitantes de protección internacional deben cumplir con los límites marcados por el Derecho comunitario, que los gobiernos europeos «no pueden rebajar».

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, no quiso entrar en polémica con España el pasado jueves dado que los acuerdos para abrir centros de retorno en terceros países deben alcanzarse entre los países de forma bilateral, no con la Unión Europea. Pero también es cierto que España es el único país que se opone frontalmente a la apertura de estos centros y, por lo tanto, el único que ve problemas legales.

Pero Brunner sí que consideró que la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez «no es una buena señal». Sin aportar procedencia de los datos, reconoció que el 80 % de los inmigrantes regularizados son sudamericanos, pero, al mismo tiempo advirtió que esa regularización española no podía afectar a otros países de la Unión. Es decir, una vez regularizada su situación en España, no podía trasladarse de forma permanente a otros países comunitarios. «Esa es, pues, mi tarea: proteger a los demás Estados miembros de ello».

En cualquier caso, el Parlamento Europeo aprobará, presumiblemente, la inclusión de los centros de retorno en terceros países dentro del Pacto de Inmigración que entró en vigor el viernes. Ya solo faltará el visto bueno del Consejo de la Unión Europea, el que representa a los Veintisiete estados miembros, para que los centros de retorno entren en vigor. Ahí España decidirá si alcanza acuerdos con terceros países o no. No tiene obligación.