Colas frente a la sede de Almería Acoge para obtener documentos en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes
Todo lo que tendrá que cambiar Marlaska para adecuar su política de inmigración a Europa
El próximo 12 de junio entrará en vigor el nuevo Pacto de Inmigración, aunque las medidas más fuertes tardarán algo más
«Nos parece absolutamente desproporcional, muy difícil de colegir en los valores de la Unión Europea, también internos españoles», zanjó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado jueves ante la aprobación de la nueva política anti inmigración acordada unos días antes por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que engloba a los Veintisiete países de la Unión.
Más que en los «valores internos españoles», el ministro se refería a la legislación española, a 'su' legislación, que tendrá que cambiar notablemente toda vez que el acuerdo sobre inmigración es un Reglamento Europeo en vez de una Directiva Europea, lo que implica que es de obligado cumplimiento directo sin esperar a los dos años que permite la Directiva antes de implementarse en los Estados miembros.
De hecho, casi parece que el acuerdo entre las instituciones europeas de hacerlo en forma de Reglamento se inspiraba en España porque solamente el jueves pasado, Bruselas abrió dos expedientes a España por no cumplir las directivas referidas a la protección de datos con el llamado 'Gran Hermano de Marlaska' y a las fusiones bancarias con la imposición de condiciones a la OPA que lanzó el año pasado el BBVA sobre el Banco de Sabadell.
La aprobación de la nueva política de inmigración se produce, además, en plena regularización masiva impulsada por Grande-Marlaska que va, en la práctica, en la línea contraria al acuerdo comunitario.
Según el eurodiputado español, Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de Libertades del Parlamento Europeo (LIBE), «esta reforma responde a la necesidad de un modelo migratorio ordenado, regular y vinculado al mercado de trabajo».
Esta afirmación se debe a que en la actualidad la mayor parte de la inmigración irregular conlleva una solicitud de asilo. Según la normativa española, la respuesta a una solicitud de asilo se debe producir en un tiempo máximo de seis meses. Sin embargo, la misma agencia de ayuda al refugiado de Naciones Unidas, UNHCR, «en la práctica, este proceso suele durar más», hasta un año e, incluso dos.
Una vez que entre en vigor el Pacto Migratorio de la Unión Europea, el próximo 12 de junio, se establecerán una serie de países, entre los que se encuentran los que más inmigrantes irregulares aportan a España como es Marruecos, que serán considerados «seguros», de manera que el rechazo de la petición de asilo será mucho más rápida dado que este Pacto establece que son países en los que no hay riesgo en caso de regreso de los inmigrantes.
La mayor parte de los inmigrantes aguardan la respuesta a la solicitudes de asilo en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que se encuentran en Ceuta y en Melilla. Allí permanecen hasta que son trasladados a la Península, primero a un centro de primera acogida, donde pueden estar hasta 3 meses, y después se incorpora a un centro de acogida temporal o piso tutelado, donde pueden estar 6 meses, «aunque se puede prorrogar si el expediente de asilo no se ha resuelto», y finalmente, los que no son expulsados pasan a la fase de preparación para la autonomía.
Lo que establece el Pacto Migratorio, y que entrará en vigor un poco más tarde del 12 de junio, puesto que tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, es que las personas que sean devueltas, es decir, las que no se les haya reconocido el permiso de asilo (hay que recordar que se acelerará ese proceso) podrán ser trasladados a centros similares a los que se encuentran en España pero ubicados esta vez en terceros países.
Eso sí, para que un tercer país acoja a estos inmigrantes en retorno, tienen que cerrar un acuerdo con el país europeo. Y, dice la Unión Europea, que ese acuerdo garantizará el respeto a los derechos humanos y al propio inmigrante.
España no tiene intención de acordar la existencia de estos centros de retorno puesto que consideran que va no solo contra las leyes españolas sino contra las leyes internacionales.
Por lo tanto, mientras Europa aboga por cerrar las puertas a la inmigración irregular, España lucha contra ella regularizándola, es decir, abriéndole las puertas.
