Zapatero recurre la investigación sobrevenida de las joyas de su caja fuerte y pide excluir a las acusaciones populares

Al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy ha prestado declaración como imputado en el 'caso Plus Ultra' que se investiga en la Audiencia Nacional, no le ha gustado la negativa del juez José Luis Calama a su petición de aplazamiento para explicar el hallazgo de una colección de joyas, por valor de 1,3 millones de euros, que fueron localizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en su despacho de Ferraz.

El abogado de Zapatero ha presentado un recurso contra dicha resolución, al que ha tenido acceso El Debate, y en el que se cuestiona la posibilidad de indagar sobre el botín de alhajas. El letrado argumenta en el escrito que dado que «en la pieza principal no se investigaba la tenencia o posesión de joyas» la aparición de éstas «no puede considerarse como delito ni como indicio de delito», como tampoco, asegura «el incumplimiento de obligaciones fiscales» aplicables.

Los agentes de la fuerza policial actuante «simplemente se incautaron esas piezas en el curso de la entrada y registro en la sede de la oficina de la calle Ferraz para la indagación respecto de otros hechos distintos y solamente, a la vista de la valoración preliminar de Ansorena y de que podría tener un impacto fiscal, esa digna Sección amplía –por vía de pieza separada– el perímetro de los hechos investigados a un posible delito fiscal y de contrabando», ha afeado el representante jurídico de Zapatero al magistrado.

Para el ex presidente del Gobierno, la presencia de dichos enseres no puede, por lo tanto, incluirse entre los hechos que han motivado la intervención judicial, ni derivar en nuevos delitos diferentes de los que se recogieron en el auto del pasado 18 de mayo que dio lugar a su imputación formal en el procedimiento abierto por el presunto rescate irregular de la aerolínea Plus Ultra.

A su juicio son hechos nuevos que derivan «exclusivamente» de las entradas y registros practicadas y «dado que son bastantes elementos los que han sido objeto de valoración» por parte de los peritos, Zapatero vuelve a insistir en reclamar «algo de margen temporal, tanto para poder examinar el informe pericial» de los joyeros tasadores que emitieron el dictamen profesional, como para «poder explicar con precisión y con certidumbre el origen y la fecha en que llegaron a su poder todas las piezas controvertidas».

«El rechazo del aplazamiento interesado, dicho sea con el debido respeto» ha sugerido Zapatero que «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución, así como el derecho a ser oído con las garantías que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Por otra parte, el socialista entiende que «la celeridad procesal propugnada en el auto» como fundamento de la decisión de no suspender su declaración como investigado de hoy y de mañana jueves, tampoco es «una razón de peso». «La celeridad procesal no puede esgrimirse en merma de los derechos fundamentales del investigado».

Y es en este punto donde cuestiona que «las partes procesales que pueden intervenir en el procedimiento principal y en la presente pieza separada» vayan a ser las mismas.

Cabe recordar que en el procedimiento principal se han constituido un total de ocho de acusaciones populares que se encuentran personadas de forma unificada, bajo la dirección del Partido Popular, por decisión judicial. Y, a ellas se suman, también, un grupo de personas que tienen la condición de investigadas o interesadas en el mismo procedimiento. Así las cosas, si los hechos que se investigan en la pieza separada posterior «están enfocados en una cuestión puramente personal» de Zapatero «relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales o, en su caso, aduaneras», el abogado del ex presidente del Gobierno ya ha adelantado que «ni tienen por qué intervenir en esta pieza el resto de investigados en el procedimiento principal» ni observa «que tengan legitimación esas mismas acusaciones populares u otras, en el caso de que decidieran ejercitar acciones».