Esta es la autorización que Zapatero entregó al juez permitiendo investigar su patrimonio en el extranjero, algo que ya podía hacer sin ella

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, entregó este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que presta su «consentimiento expreso» para que el juez pueda dirigirse a autoridades administrativas, financieras y bancarias de cualquier país con el objetivo de comprobar si posee sociedades, cuentas bancarias, activos o cualquier otro patrimonio fuera de España. El Debate publica hoy íntegramente el documento presentado por la defensa del exdirigente socialista, una iniciativa que, sin embargo, carece de efectos jurídicos sobre las facultades de investigación del magistrado, ya que la Audiencia Nacional puede acordar este tipo de diligencias si las considera necesarias dentro del procedimiento.

El documento, firmado por Zapatero el mismo día de su declaración como investigado, autoriza al juez José Luis Calama a recabar información «en cualquier territorio o jurisdicción» sobre bienes inmuebles, activos mobiliarios, participaciones sociales o cualquier interés económico del que pudiera ser titular «directo o indirecto, mediato o inmediato». Además, el expresidente manifiesta su voluntad de aportar «cuantos documentos fueran necesarios» para el esclarecimiento de los hechos.

La presentación de este escrito se produjo al término de una declaración de casi tres horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Zapatero está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, contrabando, delito contra la Hacienda Pública y otros ilícitos relacionados con la investigación sobre el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que el consentimiento aportado por Zapatero no resulta imprescindible para que el magistrado practique diligencias de investigación patrimonial en el extranjero. Si el juez aprecia indicios suficientes, puede solicitar información a otros Estados mediante los mecanismos de cooperación judicial internacional previstos en la legislación española y en los convenios internacionales aplicables, con independencia de que el investigado preste o no su autorización.

La entrega del documento coincide, además, con una de las líneas de investigación abiertas por el juez Calama. En varios autos, el magistrado ha apuntado a la posible existencia de una estructura societaria internacional vinculada a Dubái que habría servido, presuntamente, para canalizar parte de los fondos investigados. Precisamente por ello, el instructor ya había dejado constancia de la necesidad de rastrear el patrimonio y los posibles activos situados fuera de España.

La defensa del expresidente sostiene que el escrito pretende facilitar cualquier comprobación patrimonial y acreditar que no dispone de sociedades ni bienes ocultos en el extranjero. Sin embargo, la iniciativa no modifica el alcance de la investigación ni amplía las competencias del juez, que ya podía acordar esas mismas diligencias si las consideraba útiles para el esclarecimiento de los hechos. El documento, por tanto, tiene un alcance procesal limitado y no condiciona las facultades de investigación de la Audiencia Nacional.