El juez Calama pone el foco en Hacienda y Aduanas ante la negativa de Zapatero a declarar sobre las joyas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero negaba, este miércoles, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber influido en modo alguno para que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Sin embargo, evitaba pronunciarse sobre las joyas que le fueron intervenidas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la caja fuerte de su despacho, en la calle Ferraz, y que han sido valoradas en 1,3 millones de euros, de forma preliminar.

Así lo ha defendía el veterano socialista en una comparecencia de más de tres horas y media antes el magistrado instructor y a preguntas de éste y de su defensa, dejando fuera de la ecuación no sólo a las ocho acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, sino al fiscal Anticorrupción. La razón: no validar la tesis que sostiene el Ministerio Público sobre los «indicios de criminalidad» que pesan sobre él y que con sus explicaciones, insuficientes, no conseguía «desvirtuar», tal y como afirmaba el juez Calama en el auto en el que denegó la aplicación de medidas cautelares, por el momento.

Sin embargo, una de las claves de la jornada era el asunto de las joyas, interceptadas por los investigadores en el acceso y registro de su oficina profesional, para las que Zapatero no tuvo ninguna explicación más allá de estar recopilando la documentación que, en su caso, explicaría tanto el origen de las mismas, como si tributó por ellas. Un silencio que abre la puerta al magistrado para dirigirse tanto a Aduanas como a Hacienda y comprobar qué rastro, si es que lo hay, dejó el botín de alhajas en su llegada a nuestro país, presuntamente, procedentes de algún país árabe donde se le atribuye la creación de, al menos, una empresa offshore con sede en Dubai, Emiratos Árabes.

Y es que éste escenario, el de la liquidación de las obligaciones administrativas que Zapatero debió cumplir en el caso de las joyas -que se presumen un pago en especie a cambio de su intermediación en operaciones de la trama internacional organizada en la que se le integra, indiciariamente- donde Zapatero podría encontrarse con mayores problemas en el corto plazo.

No en vano, el artículo 305.5 del Código Penal castiga los delitos de fraude fiscal a la Hacienda Pública, con penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta el séxtuplo de la cantidad ocultada. Un umbral delictivo que implica evadir impuestos, eludir pagos o disfrutar de beneficios fiscales indebidos cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros de cuota por cada tributo y ejercicio fiscal.

Pero es el apartado quinto, en el que se regula la prejudicialidad penal, el que establece que la tramitación del delito no paraliza ni suspende el procedimiento administrativo de la Agencia Tributaria para liquidar y cobrar la parte de la deuda que resulte incontestable. Por lo que, no sólo es que el magistrado Calama podrá dirigirse a Hacienda, como todo apunta que hará, para corroborar si hubo algún pago de Zapatero coincidente con el valor y la naturaleza de las joyas sino que, además, le corresponde a él notificar a la Administración de Hacienda la existencia de un proceso penal, centrado en las mismas, que no impide la liquidación y la sanción, de forma separada, y en paralelo. Esto es, sin duda, lo que más preocupa al ex presidente del Gobierno.