Begoña se sentará en el banquillo por utilizar su posición como mujer de Sánchez «para impulsar su carrera»

Begoña Gómez irá a juicio ante jurado popular por los cuatro delitos de corrupción, salvo que la Audiencia Provincial de Madrid rectifique al juez instructor Juan Carlos Peinado en alguna de sus decisiones. Por el momento no hay fecha concreta, pero, a medida que han avanzado las investigaciones contra la mujer de Pedro Sánchez, ha quedado apuntalada la evidencia de que utilizó su condición de mujer del presidente del Gobierno para «impulsar su carrera».

Es decir, Begoña mejoró sustancialmente el resultado de su actividad profesional y de sus negocios particulares cuando su marido llegó a la Moncloa, «tras la investidura», y lo hizo, presuntamente, no solo al valerse de su «proximidad» a este, que propició un «giro radical en su trayectoria» previa, sino también por utilizar recursos públicos para dar cobertura a intereses privados.

Así lo ha recogido el magistrado en su auto de procesamiento definitivo, que obligará a Gómez a sentarse en el banquillo frente a un jurado popular. Hasta entonces, se ha quedado sin pasaporte y tendrá que comparecer cada 15 días en sede judicial para firmar.

La causa abierta contra ella el 24 de abril de 2024 por el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, a partir de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha llegado a su término, con un total de cuatro delitos en el estrado y con tres entidades más personadas como acusaciones populares: Hazte Oír, Vox e Iustitia Europa. Pese a los esfuerzos continuos de la Fiscalía, que, actuando casi como una segunda defensa de Begoña, ha pedido reiteradamente el archivo, el juez ha mantenido la instrucción y sus conclusiones.

A la sombra de Sánchez

Begoña Gómez, licenciada en marketing –aunque no sin controversias sobre la validez oficial de su titulación–, trabajó en el Grupo Inmark, consultoría internacional especializada en estudios de mercado y outsourcing comercial, hasta 2018, fecha de inflexión tras la moción de censura que llevó a Sánchez al frente del Ejecutivo. A partir de entonces, Gómez pasó a ocupar cargos de responsabilidad en el IE Business School, como directora del África Center, y, desde 2020, dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

Una propuesta académica con el respaldo del centro público y financiada con fondos de empresas españolas, algunas de ellas del IBEX 35, para la producción de productos que acabó inscribiendo a su nombre y dándoles un uso privado. Además, desde su nueva posición, la mujer de Sánchez se reunió con empresarios en la Moncloa y, supuestamente, llegó a favorecer a algunos de ellos, como su gurú Juan Carlos Barrabés, fundador de Innova Next y The Valley, a través de cartas de recomendación que le reportaron adjudicaciones públicas de suculento importe, que antes no había obtenido, sobre la base de la utilización de los «criterios subjetivos» de valoración.

Por este último aspecto, Peinado ha abierto una nueva pieza separada de la principal, tras la decisión de la Fiscalía Europea de archivar las averiguaciones relativas a la implicación de fondos públicos en dichas licitaciones, aspecto que ha quedado descartado. Peinado, sin embargo, atribuye dos posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la UE relacionados con los contratos de Red.es a una UTE de Barrabés y KPMG, aunque rectificó para excluir inicialmente a Gómez de esta nueva línea.

Sin embargo, el magistrado sí ha mantenido su decisión de atribuir a Gómez hasta cuatro delitos en la pieza central de la causa: tráfico de influencias, al haber utilizado su condición de esposa del presidente para facilitar contratos públicos a empresas de Barrabés mediante cartas de recomendación y contactos institucionales; corrupción en los negocios, por el presunto aprovechamiento de su rol al amparo del cargo de su marido para obtener beneficios privados a través de una cátedra pública que le fue asignada sin las exigencias ni los controles posteriores de aplicación en estos casos; malversación de caudales públicos, por el uso indebido de recursos presidenciales, en concreto el de su asesora Cristina Álvarez, también imputada, para gestiones, envíos de correo y agenda personal y no oficial; y apropiación indebida, tras registrar a su nombre un software (Transforma TSC) valorado en más de 113.000 euros, financiado por la universidad, y registrado como marca a título particular utilizando para el pago una cuenta bancaria compartida con Sánchez, un aspecto que provocó la personación de la Complutense en la causa como perjudicada.

También se investigó, aunque esta parte quedó archivada por falta de indicios sólidos, un posible caso de intrusismo profesional al haber firmado ella misma los pliegos de contratación de los proveedores y patrocinadores del software, pese a no contar con la cualificación ni los conocimientos técnicos requeridos para ello.

«Persecución obsesiva»

Cabe recordar que fue en abril de 2026 cuando el juez Juan Carlos Peinado dictó auto de procesamiento contra Begoña Gómez y propuso que el juicio se celebrase ante un tribunal popular. Una posición que dejó confirmada este mismo 20 de junio, tras escuchar a las partes en una audiencia preliminar celebrada unos días antes.

Peinado decidió, además, hace unas horas, en un auto de 84 páginas, aplicar medidas cautelares de aseguramiento, por el «riesgo de fuga» que pesa, en su criterio, sobre la mujer de Sánchez, retirándole el pasaporte y convocándola a firmar cada quince días, a partir de ahora, en el juzgado más cercano a su domicilio. Una situación que le impedirá, por el momento y pese a que la defensa de Gómez ya ha anunciado que recurrirá la resolución, desplazarse fuera de España para acompañar a su marido en los viajes oficiales.

Por su parte, Sánchez y el Gobierno en su totalidad no tardaron en calificar el caso de «campaña de acoso y derribo» de la derecha y la ultraderecha contra Begoña Gómez. Una «persecución» contra la mujer de Sánchez por serlo, apoyada en la «obsesión» del instructor contra el matrimonio, que le hace incurrir en una continua «desproporción» en sus decisiones. El PSOE habla de lawfare, niega todos los cargos y, como la defensa, critica la «velocidad de crucero» del juez, incompatible con un Estado de derecho. Una acusación que basan en la próxima jubilación de Peinado, que colgará la toga en septiembre.

Sin duda, el caso Begoña simboliza la máxima tensión entre poder político y Poder Judicial en España. Aunque la defensa insiste en la ausencia de pruebas sólidas y el carácter político de la causa, el juez Peinado ha considerado suficientes los indicios para sentar a la mujer de Sánchez en el banquillo, convirtiéndola en la primera mujer de un presidente en afrontar un juicio por corrupción, como ya sucediese con su hermano, David Sánchez. El desenlace dependerá del jurado y de los recursos planteados. El procedimiento sigue abierto y la última palabra la tendrán los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que ya estudian los diferentes alegatos.