La histórica condena a Ábalos por corrupción cae como una losa sobre el sanchismo

La indignación con la que el Gobierno y el PSOE han recibido la decisión del Tribunal Supremo de no enviar a Víctor de Aldama a prisión por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos» esconde en realidad miedo. Miedo a que, como el propio empresario sugirió este lunes a las puertas del Tribunal Supremo, «los que vienen detrás colaboren» con la Justicia, especialmente Julio Martínez Martínez y Leire Díez.

Por el contrario, hasta ahora no ha habido ni una palabra de Óscar Puente ni de ningún otro dirigente socialista sobre la condena a 24 años y tres meses de cárcel para José Luis Ábalos: el ideólogo de la campaña de las primarias que aupó a Sánchez a la Secretaría General del PSOE, el primer secretario de Organización del sanchismo y el ministro de Transportes que tuvo un poder casi omnímodo en la pandemia -y bien que lo aprovechó-.

La primera sentencia contra la corrupción económica del sanchismo debería ser la extremaunción para una legislatura agonizante, a decir del PP y de Vox. Alberto Núñez Feijóo compareció en Génova 13 para pedir a Pedro Sánchez que dimita y convoque elecciones. «De este colapso solo se sale convocando elecciones (…). Esto es el fin de la escapada», señaló el líder de la oposición.

Pero Feijóo también dejó entrever que no tiene ninguna confianza en que ya no el presidente, sino sus socios, aceleren el desenlace. «Pasaremos esta página antes o después, con ayuda o sin ella. Falta menos», se limitó a señalar, sin especular más sobre una moción de censura que el partido de Santiago Abascal volvió a pedirle este lunes que presente. Su portavoz, José Antonio Fúster, preguntó «qué más tiene que pasar» para que Sánchez dimita o Feijóo presente esa moción de censura.

Porque no es el final de nada, sino el principio de la verdad judicial. La trama, o las tramas, tenían epicentro en el Ministerio de Transportes, pero con ramificaciones y derivadas en los ministerios de Interior, Hacienda, Industria, Transición Ecológica, empresas públicas, los gobiernos regionales de Canarias y Baleares, la Moncloa y el PSOE, investigadas tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. Se encuentran en fase de instrucción el caso Plus Ultra, el de hidrocarburos, el de las obras públicas adjudicadas a Acciona y Servinabar, el caso Leire y la pieza separada de los pagos en metálico del PSOE.

Las reacciones del PSOE y de Moncloa

«La corrupción no solo define a quienes la cometen. También retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado. Y esa es la diferencia fundamental entre el PSOE y el PP. Nosotros actuamos. Ellos siguen en una sede en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas. El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral», señaló el PSOE en un comunicado. «Antes de lanzar su propia moralina barata, Feijóo debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso», añadió.

La Moncloa envió otro comunicado en estos términos: «Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello. Por eso lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada».

El hecho de que la histórica sentencia haya concitado la unanimidad de los miembros del tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta supone un parachoques para la Sala. Ello en un momento en el que los socialistas y sus socios han recrudecido la ofensiva contra la Justicia por las medidas cautelares del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez.

Cabe recordar que la condena al fiscal general del Estado contó con dos votos discrepantes de dos magistradas, y fue precisamente eso a lo que se agarró el Ejecutivo para impugnar políticamente la decisión del alto tribunal. Ahora Pedro Sánchez deberá decidir si indulta a Álvaro García Ortiz en contra del criterio del Supremo, que ya se ha pronunciado en contra de esa posibilidad.

El escrito del Supremo pilló a Pedro Sánchez presumiendo en un acto en el Teatro Real de Madrid del despliegue que su Gobierno ha hecho de los fondos europeos que la UE movilizó durante la pandemia, momento al que se remonta la sentencia de este caso de las mascarillas. El tribunal considera probado, entre otras cosas, que Ábalos cometió un delito de cohecho pasivo por «solicitar y aceptar el ofrecimiento» de dos millones de euros por parte de Aldama «a cambio de encauzar» las adjudicaciones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif a la firma Soluciones de Gestión.

«¿Aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar no resistir», se preguntó en X el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no sin antes criticar que a Aldama le hayan rebajado «tres años por cada programa en Horizonte». Rufián tendrá ocasión de decírselo al presidente el miércoles, puesto que hay convocado un Pleno sobre corrupción. Otro más.