Batería de preguntas de Vox al Gobierno sobre la nacionalización exprés con la ley de nietos desvelada por El Debate

Este miércoles, en el Pleno del Congreso Santiago Abascal acusó a Pedro Sánchez de estar, en «connivencia» con sus cómplices, «maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder». «Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España», insistió el líder de Vox desde la tribuna. Y habló de una trama con este objetivo y de esa aceleración para la nacionalización exprés de cientos de miles de personas, como viene informando El Debate.

En esa línea se pronunció el día anterior el diputado Ignacio Hoces cuando defendía la propuesta de su partido para reformar la ley electoral con la idea de evitar fraudes en el voto por correo: «Sánchez es el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen de 1978», afirmó.

Y haciéndose eco de las informaciones que ha venido publicando este periódico sobre la ley de nietos y esa nacionalización exprés y masiva que ha puesto en marcha el Gobierno socialista, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso dirigidas al Ejecutivo. Por ejemplo, en una de esas informaciones, la periodista Isabel Durán revela que con el objetivo de acelerar la tramitación de los expedientes de nacionalidad se está tratando de externalizar ese proceso y que la empresa pública elegida para ello ha sido Ineco, que enchufó a Jessica Rodríguez, pareja de José Luis Ábalos.

Al respecto, Vox pide al Gobierno que confirme si prevé encargar este proceso a dicha empresa pública y que indique de ser así de qué se encargaría concretamente dentro del mismo y qué actuaciones «permanecerían bajo la responsabilidad exclusiva de funcionarios y encargados del Registro Civil». Pregunta igualmente si ha remitido algún informe o expediente al respecto a la Abogacía del Estado y cuándo. Y bajo qué criterios se ha seleccionado a Ineco.

«¿Qué razones justifican la elección de INECO para intervenir en un procedimiento vinculado a la adquisición de la nacionalidad española y no de otros organismos o medios propios de la Administración General del Estado?», quiere saber Vox. También, si el Gobierno lo considera su participación compatible con las dudas y la polémica que rodean a esta empresa. Pregunta asimismo qué fechas maneja para poner en marcha el procedimiento y cuántos expedientes para la concesión de nacionalidad espera resolver.

Otra de las informaciones publicadas en este periódico revela que una de cada siete peticiones para obtener la nacionalidad por esta vía sale de Cuba y que los documentos los certifica una empresa controlada por el régimen. Sobre esto, Vox quiere que el Ejecutivo indique cuántas solicitudes se han presentado en el Consulado de la Habana, cuántas de ellas se han concedido y cuál ha sido el reparto entre las concedidas y las rechazadas. También pregunta por el motivo de que se haya contratado a una empresa pública que está vinculada a la dictadura cubana y, dado el control que ejercen el régimen sobre los registros, «cómo se ha verificado» que los documentos que se han presentado son auténticos.

Asimismo, la formación de Abascal quiere conocer «cuál es la cuantía total de los contratos suscritos por el Consulado General en la Habana con empresas cubanas para gestionar trámites de nacionalidad» hasta la fecha y si, de acuerdo con su información, se ha contratado a alguna persona que trabaje o haya trabajado para la administración cubana para tramitar estas solicitudes.