Las seis causas abiertas de Alvise en el Supremo: amenazas, acoso a excompañeros y financiación ilegal

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Pérez Fernández, conocido popularmente como Alvise, acumula un total de seis causas abiertas en el Tribunal Supremo. Todo ello desde su irrupción en la política en julio de 2024, cuando logró que su formación sacase hasta tres representantes en las elecciones europeas de aquel año. Sin embargo, el partido no ha logrado representación en las elecciones autonómicas a las que ha concurrido en los últimos meses.

Este miércoles, el Supremo ha abierto una causa contra Alvise por un presunto delito de desorden público por unas publicaciones en su canal de Telegram con «llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación» durante unas protestas agrícolas en febrero de 2024. En el auto, se alega que estas publicaciones no fueron «simples manifestaciones de crítica política, protesta social o adhesiones a una movilización sectorial».

Los magistrados afirman que en dichos meses se instó a «la utilización de vehículos propios para apoyar cortes circulatorios», remarcando «la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales» y así poder afectar «de modo grave al orden público». Aunque el líder de SALF no fue el autor de estos comentarios violentos, sí que se hace hincapié en que dichas publicaciones se vertieron en un «canal controlado por el aforado», señalando además que mantuvo una aptitud con el objetivo de «incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos».

100.000 euros en metálico dentro de un maletín

Alvise Pérez está imputado por un presunto delito electoral y de supuesta financiación irregular para la campaña de las elecciones europeas de 2024, en las que su partido fue la tercera fuerza más votada en España, obteniendo tres eurodiputados y 803.545 votos.

Álvaro Romillo, el empresario de criptomonedas conocido bajo el nombre de CriptoSpain, entregó un maletín con 100.000 euros en metálico dentro a Alvise Pérez durante una reunión antes de los comicios europeos. El empresario se lo entregó para sus gastos de campaña, según le explicó Alvise. Esta cantidad de dinero no se reflejó en ninguna contabilidad y no constó en ninguna documentación.

Romillo fue detenido en septiembre de 2024 por orden de un juez de la Audiencia Nacional, acusado de una presunta estafa piramidal a cientos de clientes. El empresario confesó los hechos y optó por colaborar con la Justicia delatando al eurodiputado de SALF, motivo por el que el Supremo decidió abrir una causa contra Alvise por presunta financiación irregular. El eurodiputado aseguró en sede judicial que esos 100.000 euros en efectivo fueron para «gastos personales».

El Parlamento Europeo levantó el pasado mes de mayo la inmunidad a Alvise Pérez para que fuese juzgado en el Tribunal Supremo por la presunta financiación ilegal de SALF.

Otra causa en la que se encuentra investigado Luis Pérez Fernández es un supuesto acoso cometido supuestamente por él contra dos eurodiputados que concurrieron a las elecciones europeas en las listas de SALF y que lograron su escaño en la Eurocámara: Nora Junco y Diego Solier. Los dos anunciaron en mayo de 2025 su ruptura total con la formación y con Alvise.

Solier y Junco denunciaron ser víctimas de una campaña de hostigamiento a través de las redes sociales y a raíz de las críticas públicas que hizo Alvise en varias ocasiones contra ellos. El eurodiputado y líder de SALF llegó a asegurar que habían sido comprados por un lobby armamentístico y que votaban en función de lo que les decía esa misma entidad. Nora Junco y Diego Solier, en su querella por presuntos delitos de acoso personal y de revelación de secretos, que fue admitida a trámite, temieron por su integridad física después de que se filtraran sus direcciones de correo, sus números de teléfono e, incluso, se llegó a filtrar los sitios que frecuentaban o que iban a visitar. Los dos eurodiputados recibieron multitud de insultos y de amenazas de muerte que llegaron a sus direcciones de correo. Ambos certificaron su ruptura total con Alvise después de que el Tribunal Supremo empezase a investigar la financiación irregular del partido.

Luis Pérez Fernández está imputado por un presunto delito de falsedad documental e injurias por la difusión de una prueba falsa de Covid-19 (PCR) que realizó en febrero de 2021 el que fuera por aquel entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El eurodiputado difundió en plena campaña de las elecciones autonómicas de aquel año un mensaje en las redes sociales con la foto de un informe falso sobre Illa «sin apariencia de comprobación alguna», según alegó el magistrado. Alvise aseguró en sede judicial que él no fue el autor de esa falsedad documental y que se limitó a difundir en las redes sociales esa supuesta PCR «porque ya circulaba masivamente» por estos canales.

Presuntas amenazas al alcalde de Algeciras

El pasado 19 de marzo, el Tribunal Supremo abrió una causa contra Alvise Pérez para investigar la querella que presentó contra el eurodiputado el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce (PP), por un presunto delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario.

«El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal», alegó el auto.

Los magistrados señalaron también que, de los mensajes reproducidos en la querella, se desprende, indiciariamente, que el querellado habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al querellante comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de alcalde.

Acoso en redes a una fiscal

La última pieza en la que estaría siendo investigado el líder de SALF es el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. Ella presentó una denuncia contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público y de coacciones. El Tribunal Supremo investiga al líder de SALF en esta causa después de que Gisbert le acusara de ser el autor de los mensajes dirigidos contra ella a través de su canal de mensajería móvil Telegram.

La fiscal alegó que el eurodiputado llamó a que sus entonces 40.000 seguidores en Telegram expresaran su odio contra ella con el objetivo de alterar el normal desarrollo de su vida profesional y personal.

Alvise Pérez, en una declaración voluntaria en sede judicial, justificó estas acciones en base a la «crítica política» y a la «libertad de expresión» por decir que funcionarios públicos como Gisbert persiguen a quienes digan que «la inmigración masiva ilegal es una invasión». El magistrado Juan Ramón Berdugo, que instruye esta causa por el presunto acoso a la fiscal, ya pidió suplicatorio a la Eurocámara por este asunto. Esta petición fue aceptada por el Parlamento Europeo, que le retiró la inmunidad para que fuese juzgado por esta cuestión.