Asociaciones de jueces lamentan que las nuevas plazas no entren antes en funcionamiento

Las asociaciones Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia han lamentado que la entrada en funcionamiento de las primeras nuevas plazas judiciales creadas por el Gobierno no se vaya a producir hasta el próximo 31 de diciembre.

En un comunicado conjunto han señalado que la creación de 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 «concreta una reivindicación común de todas las asociaciones judiciales» como solución para afrontar el incremento de litigios y la elevada carga de trabajo en la administración de justicia.

Las asociaciones también han señalado que se trata de «un impulso importante que debe tener continuidad en el futuro con esfuerzos semejantes tratando de paliar un déficit crónico», reconociendo el esfuerzo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero animando a que no sea una medida excepcional sino el inicio de una política continuada de ampliación de la planta judicial.

Sin embargo, el punto más criticado de esta medida es que «la entrada en funcionamiento de las primeras plazas no esté prevista hasta el 31 de diciembre y que el grueso de las mismas no se haga efectivo hasta junio y noviembre de 2027, lo que retrasa la incidencia real de esta medida sobre la carga de trabajo que soportan jueces y tribunales».

Se abogó por una entrada «escalonada»

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subraya que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al decreto consideró «más adecuado» que la entrada en funcionamiento de las 500 unidades judiciales se produjera «de forma gradual y escalonada».

Para ello, el CGPJ propuso al Ministerio ajustarse a un calendario que estableciera el 1 de enero de 2027 para las plazas judiciales de órganos colegiados, como lo son el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), el 1 de junio siguiente para las de tribunales de instancia de partidos que sean sede de TSJ y audiencias provinciales y el 1 de noviembre también del mismo año para el resto de plazas de Tribunales de Instancia.

El acuerdo del CGPJ añadía que en particular deberá garantizarse la adecuada dotación de espacios físicos, despacho, equipos informáticos, infraestructuras y medios tecnológicos, así como el correlativo incremento de las plantillas de las oficinas judiciales.

Y agregaba que todo ello incluyendo letrados de la Administración de Justicia en la proporción necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de las nuevas plazas judiciales.