El juez Marchena defiende la acusación popular: «El ciudadano debe actuar contra los excesos del poder que proteja la Fiscalía»

«Creo que es nefasto que en España, caso único en el mundo, un partido político pueda personarse como acusación contra otro», ha afirmado el juez Manuel Marchena en, magistrado del Supremo, durante su intervención como ponente en el curso Justicia y Estado de Derecho, organizado como parte de los Cursos de Verano de la Universidad CEU San Pablo, que se celebran en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Para el magistrado, ex presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal no se puede permitir lo que ha calificado en una forma de «politización» de la Justicia, no porque la presencia de las formaciones incline o condicione el análisis final del juez sino porque utilizar la justicia como una forma de ganar el relato que se ha perdido fuera de ella es una «tragedia» para los ciudadanos que, cada vez más, desconfían del Poder Judicial.

«La convivencia se lamina si se generaliza la idea de que en España la Justicia no la imparten jueces, sino fachas con toga; esto es gravísimo», ha asegurado Marchena este lunes durante su intervención. No sólo porque a su modo de ver ninguna sociedad democrática puede «vivir desconfiando de sus jueces»; sino porque los españoles tampoco pueden verse expulsados de la posibilidad de ejercer la acción popular, figura de previsión «constitucional» que, en el escenario «actual», es «imprescindible» cuando la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, abandona su función de defensa de la legalidad frente a otros intereses.

La batalla política tiene que librarse en el Parlamento (...) la acusación popular no puede convertirse en un arma arrojadiza (...) en las causas de corrupción

Frente al discurso del actual Gobierno, encabezado por el ministro de Justicia Félix Bolaños que aspira a restringir hasta la anécdota el papel de la sociedad civil en el procedimiento penal, la acusación popular «tiene que ser un mecanismo para luchar contra los excesos del poder que puedan ser protegidos por el Ministerio Fiscal», ha apuntado el juez Marchena.

Para el magistrado, la situación concreta en la que nos encontramos «exige que cualquier ciudadano pueda actuar como contrapeso a la actuación inhibitoria de la Fiscalía General del Estado» en la persecución del delito, ha reflexionado el magistrado, fiscal de Carrera. De tal manera que si, «por parte del poder político» se tratase de eliminar«por cualquier fórmula» el ejercicio de la acusación diferente de la pública no sólo sería un error, sino que a juicio de Marchena «estaríamos coqueteando con el abismo».

«Acusación popular, sí. Ilimitada, no. El límite tiene que ser para los partidos políticos y los sindicatos», ha apostillado antes de cerrar con una reflexión acerca de la presencia de ambas fórmulas en el marco del procedimiento penal porque, «si el juez no les da la razón, el resultado es claro sobre que tiene una ideología y está persiguiendo al partido».

El debate superado del jurado popular

En la misma línea, el juez Marchena, considera positiva la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, bajo la fórmula del jurado popular que, en los últimos meses, ha vuelto a la primera línea del debate público, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar ante un tribunal lego a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Sin embargo, frente a las críticas que se han suscitado acerca de no profesionales en las causas penales, el magistrado del Supremo se ha referido al mismo como una «institución que hoy funciona adecuadamente», en un debate ya superado hace tiempo. «De la misma manera que hay tribunales profesionales que se equivocan, hay jurados que dictan veredictos cuestionables», pero, para eso, «están los recursos» posteriores, ha tranquilizado el juez Marchena.

«Más allá de algunos casos muy controvertidos, en términos generales el jurado popular funciona bien», lo que no significa que no haya modificaciones deseables. «En mi opinión» hoy debería exigirse al ciudadano que vaya a formar parte del tribunal, «como mínimo, el graduado escolar», no sólo, como consta ahora mismo en la norma, «que simplemente sepa leer y escribir». Y ello, porque «para ser juez por un día» se necesita algo más que permita a los miembros seleccionados, «motivar» su decisión sobre la inocencia y culpabilidad de los procesados.