El árbitro electoral saca tarjeta roja a Sánchez ante el partido más decisivo de España

El Gobierno y la sincronizada se lanzaron contra la oposición por hacerse eco de las denuncias reveladas por este medio. Su argumento: normalidad absoluta, solo hay una conspiración inventada por la derecha. Frente a ese relato, este periódico ha hecho lo único que lo desactiva: documentar. Desde el 2 de junio, artículo tras artículo, El Debate ha ido levantando acta de las grietas introducidas por el Ejecutivo en el voto CERA y de sus efectos en las próximas elecciones generales. Es el dopaje que Sánchez ocultaba para erigirse por primera vez en vencedor en las urnas. Su objetivo es dar carpetazo a los asuntos judiciales que le acorralan de forma inexorable. Ayer el CIS de José Félix Tezanos volvía a coronar al PSOE, ante la incredulidad generalizada. Hoy el árbitro de las elecciones se ha pronunciado sobre lo que esta serie ha llamado las maniobras en la sombra para asaltar el censo electoral. La tarjeta roja del árbitro señala justo lo contrario que el relato gubernamental.

La Junta Electoral Central no suspende el voto CERA, el de los españoles residentes en el exterior. Tampoco entra en la legalidad de las nacionalidades: considera que esas jugadas –a quién se concede la nacionalidad y con qué requisitos– no le corresponden, sino del Tribunal Constitucional y de la jurisdicción contencioso-administrativa. Hasta ahí, el titular al que se agarrará La Moncloa. El acuerdo tomado hace historia: no termina en la amonestación, empieza con ella.

Lo que el árbitro sí ha hecho

Porque la Junta sí ha entrado en lo que le corresponde: la formación del censo. Y lo que dice es demoledor para quien sostenía que todo funcionaba. Pidió un informe a la Oficina del Censo Electoral y concluye que de ese informe «no puede deducirse un pronunciamiento claro y determinante sobre la corrección jurídica» del procedimiento con el que se actualiza el Censo de Residentes Ausentes y se determina el municipio de inscripción de cada nuevo elector.

Traducido del lenguaje administrativo: ni la propia Administración electoral es capaz de certificar que el sistema con el que se decide en qué provincia vota cada nuevo español esté bien hecho. Ese es exactamente uno de los aspectos que este periódico viene documentando. No entra en cuántos se nacionalizan, sino dónde se les coloca. Porque en un país en el que un escaño se ha decidido por 77 votos y en las pasadas generales 13 diputados se dirimieron por menos de 3.000 papeletas, la circunscripción a la que se adscribe al nuevo elector no es un detalle técnico es el gol que concede la victoria final.

La Junta ha actuado en consecuencia. Ordena a la Oficina del Censo elaborar una instrucción –que deberá pasar por la propia Junta– dirigida a los consulados, que precise cómo se acredita el «mayor arraigo», qué documentación vale y en qué supuestos el municipio se fija «de oficio». Exige que los criterios sean «objetivos, homogéneos» y de aplicación uniforme por todas las oficinas consulares, y que la asignación quede «suficientemente motivada en el expediente» cuando no derive de la última residencia en España. Hasta ayer, nada de eso estaba garantizado. A partir de hoy, por orden del árbitro, tendrá que estarlo.

La voz de alarma del sindicato mayoritario de los funcionarios consulares

Conviene subrayar quién ha forzado este movimiento, porque desmonta por sí solo el relato de la conspiración. Ha sido CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios consulares. Es decir, los empleados públicos que tramitan los expedientes en las ventanillas, los que aplican las instrucciones, los que temen que mañana se les exijan responsabilidades por haber obedecido órdenes de dudosa legalidad.

Fueron ellos quienes advirtieron de que la elección de la circunscripción no puede quedar, como está ahora, en manos del «cónsul de turno». Cuando son los propios funcionarios del sistema los que levantan la mano, no hay relato de la ultraderecha que valga. La Junta les ha dado, en lo esencial, la razón: las garantías reforzadas que este periódico venía reclamando están hoy sobre la mesa por orden expresa del árbitro electoral.

El censo que Tezanos no mide

Lo que este periódico lleva semanas contando es que el partido más decisivo se juega fuera. En las cuatro últimas elecciones autonómicas, el PSOE ganó el voto exterior allí donde lo perdía con holgura sobre el terreno. El propio árbitro acaba de reconocer que el mecanismo que decide dónde cae ese voto no tiene garantías suficientes. No hace falta ninguna conspiración: basta con leer el acuerdo.

Queda partido por jugar. La Junta no ha frenado el censo ni ha exigido probar el exilio para inscribir a nadie. Pero es la primera tarjeta roja contra el gol que Pedro Sánchez había metido a espaldas de la Cortes y de la opinión pública española en el partido más decisivo que jugará la democracia española en décadas contra la portería oficial del «aquí no pasa nada» y del manido comodín de esto es «trumpismo». El árbitro ha admitido lo que el Gobierno negaba. Y lo ha puesto por escrito. Estamos en el el tablero de juego más crítico para la supervivencia democrática de España y ahora hay partido: el del juego limpio.