La directora de la Guardia Civil y el DAO declaran ante el juez y se enfrentan a la solicitud de medidas cautelares

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha citado como imputados, este jueves, tanto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas. Ambos, al frente de sus respectivos cargos pese a estar investigados en la conocida como la causa de las 'cloacas' socialistas por sus reuniones con la 'fontanera' Leire Díez entregada a «desestabilizar» las actuaciones policiales y judiciales que se siguen contra el Gobierno y el PSOE.

Es por ello que, según ha podido saber El Debate, parte de las acusaciones populares instarán la aplicación de medidas cautelares a ambos mandos para asegurar que, al menos mientras dure el procedimiento, no pueden dar órdenes a sus subordinados en un caso en el que se persigue, además de la prevaricación, un presunto «intento de obstrucción a la labor de sus propios compañeros, en especial los miembros de la UCO, que actúan como fuerza policial» a las órdenes de los magistrados competentes.

Así las cosas, González declarará a partir de las 10.15 horas y después lo hará Llamas, en el marco de las pesquisas abiertas sobre la presunta trama concertada entorno a la cúpula de Ferraz, para llevar a cabo una guerra sucia política contra los responsables de las piezas penales que salpican de corrupción a Moncloa y al entorno más próximo de Pedro Sánchez.

No en vano, la directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado apuntara en uno de sus informes que mantuvo hasta tres reuniones con la exmilitante socialista, quien según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.

En concreto, la UCO senaló evidencias de la constancia de varios encuentros presenciales entre ambas mujeres, en los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025, en los que Díez, supuestamente, puso «en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales» con González, habría «conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO».

«Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas'" contra los agentes de la UCO que resultaban más incómodos para los intereses del Partido Socialista en el Gobierno.

Unos indicios que, según varias fuentes próximas a la causa que sigue Pedraz, hacen «insostenible» la permanencia tanto de González como de Llamas en sus cargos. No sólo porque pueden seguir actuando contra quienes están llamados a investigarlos dentro de la propia Benemérita, lo cual «resulta distópico», sino porque desde sus despachos «nada impide, de momento, la destrucción de pruebas». Además, «ya existen precedentes de fuga, por ejemplo, de un director de la Guardia Civil como fue Luis Roldán», apuntan las mismas fuentes.

Comparecencia previa en el Senado

Tras conocerse el informe, González aseguró el pasado mayo en el Senado que «nunca, jamás» ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

La directora general del Instituto Armado admitió varios encuentros con Leire Díez y reconoció que intercambió «unos cuantos mensajes de Whatsapp» durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos.

González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, si bien indicó que la exmilitante "en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil.

En una última cita en el mes de mayo, Díez le planteó «retornar a su destino» al comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', algo que la directora general dijo que «rechazó de plano», según afirmó.

De «perfil» en el caso del «hermanísimo»

Por su parte, el juez imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló presiones del DAO y el ex director general del Instituto Armado Leonardo Marcos para «ponerse de perfil» en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de citarle como investigado al entender que la intención de Llamas era «generar un efecto de desaliento» a la UCO para que no impulsara investigaciones.

En un escrito, Anticorrupción describió que la presunta trama llevó a cabo «actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos».

Uno de ellos habría sido «impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada», como la posible filtración a la prensa de mensajes comprometidos entre el exministro José Luis Ábalos y otros miembros relevantes del PSOE que «se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel».

«La apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial», relataron las fiscales del caso.