La Junta Electoral estudia hoy las peticiones para suspender el voto por correo de los emigrados y sobre la ley de nietos

La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto pronunciarse este jueves sobre la petición de Vox para despojar a los electores españoles que viven fuera de España de la posibilidad de votar por correo y sobre la docena de solicitudes que, según han informado a Europa Press desde el organismo arbitral, han recibido en relación con la denominada 'ley de nietos', la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados.

En concreto, Vox ha solicitado que se impida votar por correo a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que sólo puedan hacerlo directamente de forma presencial en los consulados o embajadas.

La formación de Santiago Abascal creen que si el voto postal en España exige la identificación del elector tanto a la hora de pedir el voto como de depositarlo en Correos, no puede ser que en el extranjero el material electoral se envíe a todos los inscritos en el CERA y no se les pida identificación ni siquiera al entregar el sufragio en un sistema postal que depende del país en el que residen.

Además, Vox busca suspender todo el trámite de acceso y admisión en el CERA porque, a su juicio, está siendo «enormemente opaco», pues el Gobierno ha dejado «en manos de autoridades extranjeras gran parte el proceso de nacionalización y de incorporación» al registro de estos electores emigrados.

Los de Santiago Abascal justifican esta solicitud en la necesidad de adoptar medidas ante el «golpe de Estado a cámara lenta» que consideran que está impulsando el Gobierno desde 2022 con el proceso de concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados y emigrantes españoles amparado en una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como 'ley de nietos'.

En la misma sesión, la Junta Electoral analizará más de una decena de peticiones sobre esta norma que han recibido también de varios particulares, del sindicato CSIF, del partido Iustitia Europa y de la plataforma Hazte Oír.

Así, CSIF solicita instrucciones claras para los consulados a la hora de conceder la nacionalidad en virtud de la citada ley y de incluir a estas personas en el censo electoral para que el funcionariado tenga claro cómo debe proceder en todo momento sin incurrir en ninguna ilegalidad.

En este contexto, pide a la JEC que «acuerde que la Oficina del Censo Electoral dirija una instrucción a los consulados y a los encargados de las oficinas consulares del Registro Civil» para que solo tramiten la inclusión en el censo electoral de quienes hayan «probado que el exilio de su ascendiente obedeció a razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual».