El Gobierno 'absuelve' a la mujer de Sánchez sin esperar al juicio, igual que hizo con el hermano

Los cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que este jueves resolvieron enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez empezaron a deliberar el lunes y acabaron el miércoles, bien entrado el día. De manera que era obvio que la decisión se haría pública este jueves. Pero hasta a eso buscó tres pies el Gobierno, con Óscar Puente al frente: «¿Lo veis, niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante», escribió el ministro de Transportes en X.

El Gobierno no necesitó ayer improvisar nada ni escribir nada nuevo. Simplemente volvió a sacar el catecismo para creyentes del sanchismo que ya utilizó el martes, cuando la Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. A pesar de que el abogado de este, Emilio Cortés, negó el miércoles en varias entrevistas que hubiera habido lawfare, hundiendo así la línea de flotación socialista.

En cualquier caso, en el Ejecutivo cambiaron en el argumentario el nombre de David Sánchez por el de Begoña Gómez, y lo de «el hermano del presidente» por «la mujer del presidente». Y así quedó: «Begoña Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno».

Ministros y dirigentes del PSOE replicaron este jueves ese mismo mensaje, ciñéndose a su literalidad o introduciendo alguna ligera variación. Por ejemplo, la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró, puso de su cosecha que es «una cacería política obscena». Pedro Sánchez no habló, como tampoco de la sentencia contra su hermano. Como pronto, su primera reacción será el próximo lunes desde Argel. Y solo si decide hacer declaraciones a la prensa durante su viaje oficial a Argelia.

Tanto los socialistas como sus socios habían criticado la instrucción de Juan Carlos Peinado, contra el que tanto el presidente como su mujer se querellaron por prevaricación (ambas querellas fueron desestimadas), y al final la Audiencia Provincial de Madrid avaló parcialmente su tesis. La referida a los delitos de tráfico de influencias y malversación, porque los magistrados desestimaron los otros dos: tráfico de influencias y apropiación indebida.

Su «privilegiada posición»

La resolución compara a Gómez con Iñaki Urdangarin, el exyerno del Rey Juan Carlos I, en un párrafo así de categórico: «Parece perfectamente verosímil sostener (…) que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible». Afirman también los magistrados: «La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias».

Todo, el día en el que el director adjunto operativo de la Guardia Civil declaró como imputado ante el juez Santiago Pedraz por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire, que investiga una operación orquestada en los bajos fondos del PSOE para torpedear las causas que afectan al entorno del presidente. Este viernes declarará también como imputada la directora general de la Benemérita, Mercedes González.

El origen de esa cloaca es precisamente el caso Begoña. En los más de dos años transcurridos hasta la apertura de juicio oral, el presidente ha negado que su mujer hiciera algo ni remotamente reprochable. No ha querido abrir un debate sobre la regulación de la figura de la esposa del presidente ni mucho menos endurecer la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Sus socios tampoco se lo han pedido.

En lugar de eso, el Ejecutivo intentó intervenir la Justicia por la vía rápida, ante el avance de los casos de corrupción que afectaban a Sánchez. Lo intentó con la que se vino a llamar la 'ley Begoña', una proposición de ley que los socialistas presentaron en enero de 2015 en el Congreso. Con ella pretendían limitar la acusación popular para que entidades como Manos Limpias y Hazte Oír no pudieran ejercerla, impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa y aumentar los motivos para recusar a un juez.

Era tal abuso legislativo que el PSOE acabó teniéndola que retirar de la tramitación parlamentaria el pasado mes de noviembre, porque no logró ni un solo apoyo entre sus socios. Aunque los socialistas reciclaron y enmascararon parte de su contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que actualmente está en tramitación en el Congreso. Aunque tampoco tiene ningún viso de ser aprobada.

Conocida la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el PP sostuvo: «Es una situación sin precedentes en la democracia española e inconcebible en cualquier democracia europea, que se suma a las 127 imputaciones por corrupción que rodean al presidente del Gobierno y a su partido, el PSOE. Ningún demócrata debería normalizarlo». Pero nada va a pasar. Los socialistas incluso se atreven a sostener que la derecha política, judicial y mediática está consiguiendo un efecto bumerán. Aunque solo sostiene algo así el CIS, que en su último barómetro sitúa al PSOE ocho puntos por delante del PP.