Begoña al banquillo y Sánchez a su lado

La Audiencia Provincial de Madrid enviará a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular, tal y como proponía el juez Juan Carlos Peinado, por sendos delitos de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos, al considerar que se sirvió de su «privilegiada» posición como esposa del presidente del Gobierno para crearse una «cátedra» en la Universidad Complutense y, a continuación, se sirvió de recursos humanos pagados por La Moncloa para arrogarse la propiedad de una herramienta tecnológica que en realidad pertenecía a la institución académica.

Da igual que otros delitos investigados decaigan por la dificultad para probarlos: lo sustantivo de la causa queda confirmado, lo que derriba de un plumazo la campaña obscena del Gobierno y sus satélites contra el valiente instructor, cuyo trabajo ha quedado reforzado por la decisión de cinco jueces independientes y, también, por la personación en la causa de la propia Universidad Complutense como parte afectada.

La decisión no tiene nada de sorprendente y simplemente reafirma el auto de la propia Audiencia Provincial de mayo de 2025, cuando, además de aceptar lo sustantivo del laborioso trabajo de Peinado, insistió en la obscena utilización de su posición, por parte de Begoña Gómez, para intercambiar de algún modo favores por potenciales beneficios.

El Debate, y valga por una vez la autocita, ha sido fundamental en la reconstrucción de esta causa, tan burda como perseguida por los mismos que se han dedicado durante años a convertir los intolerables abusos del entorno político y personal de Pedro Sánchez en una campaña conspiradora de sus enemigos, sin ningún respeto por los hechos, el decoro y la vergüenza propia. ¿Dirán también ahora, dos días después de la condena al hermano de Sánchez por prevaricación, que un jurado popular practica lawfare?

No hace falta una condena, cada vez más probable, para reprobar ya a Begoña Gómez, protagonista de comportamientos indignos más allá incluso del pliego penal contra ella: además de crearse una empresa privada con el disfraz de «cátedra», se dedicó a la captación de los mismos fondos públicos que adjudicaba su marido; asoció al chiringuito a empresas beneficiarias luego de empresas públicas; se reunió en Rusia con el CEO de Air Europa y con Víctor de Aldama y, entre otros excesos, mantuvo relaciones comerciales con una empresa rescatada luego con dinero público desde el Consejo de Ministros.

A todo eso hay que sumarle su pasado en el «sector» de la explotación sexual de hombres, mujeres y jóvenes; con pingües beneficios para su familia que el propio presidente ha disfrutado y disfruta, gracias a un notable patrimonio inmobiliario adquirido por su suegro y explotado ahora en régimen de alquiler por la pareja.

Ese antecedente ya hubiera sido suficiente para que Sánchez, incapaz de desmentir que su suegro le financiara las primarias, hubiese descartado intentar siquiera tener una carrera política. Y el paisaje que le rodea le hace indigno de un cargo que no merece y avergüenza a España: rodeado de corrupción; entregado al separatismo; en minoría en el Parlamento y sin el respaldo de las urnas.

Begoña Gómez es una metáfora impagable del llamado sanchismo, un sistema artero nacido, crecido y mantenido por la corrupción política, económica y moral que se permite, además, acosar al Estado de derecho para dotarse de impunidad y aspirar a la eternidad. Felizmente, la democracia española resiste, y ha de ser implacable con semejante calamidad.