PSOE y Sumar se atascan en su cuarto intento de aprobar un decreto ley de vivienda que dure más de un mes

El cuarto real decreto ley sobre vivienda que anunció el Gobierno para este mes de julio, después de que el Pleno le derogara los tres anteriores, se les está atragantando al PSOE y Sumar. Que son quienes tienen que ponerse de acuerdo primero, y en esto no lo están.

El Consejo de Ministros de este martes tampoco lo lleva en el orden del día, de manera que su aprobación quedará para el último del curso, el del martes 28. Precisamente el día en el que Pedro Sánchez comparecerá para hacer balance del curso. Así que será él y no la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien dé los pormenores.

El ministro Ernest Urtasun, a su vez portavoz de Sumar, reconoció este lunes que aún no hay acuerdo entre ambos socios y que van a darse una semana más. El problema de fondo es que existe desde hace meses un tira y afloja entre el vicepresidente Carlos Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre cómo evitar que se disparen los precios de los alquileres cuyos contratos van venciendo a los cinco años.

Sumar quiere mantenerlos congelados por real decreto ley. De hecho, en marzo los de Díaz obligaron al PSOE a aprobar un real decreto ley que prorrogaba los alquileres. Sánchez sabía de antemano que estaba condenado a su muerte parlamentaria cuando hubiera que someterlo a convalidación de la Cámara Baja (un mes después) porque Junts no iba a dejarlo pasar. Así ocurrió en abril. Los socialistas no movieron un dedo para hacer cambiar de idea a los independentistas, lo que enfadó mucho a Sumar.

Por el contrario, la apuesta de Cuerpo y del ala del PSOE es bonificar a los propietarios el 100 % de la renta en el IRPF si mantienen el precio del alquiler. Una iniciativa que sugirieron en enero y que fue rechazada de plano por su socio por ser un «regalo de dinero público a los rentistas», según los magenta.

Es difícil el acuerdo entre el PSOE y Sumar, pero más difícil lo es aún con Junts. Cabe recordar que, en lo que va de año, los de Carles Puigdemont han tumbado tres reales decretos leyes del Ejecutivo de Sánchez con medidas en materia de vivienda. Dos contenían la moratoria de la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables y el tercero, esa la prórroga de los alquileres más allá de los cinco años que Sánchez aprobó a regañadientes en marzo.

La idea del Gobierno es que la norma tenga dos patas. La primera buscará, según el PSOE, bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas de la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de los contratos por escrito o medidas fiscales para bajar los precios del alquiler. La segunda tendrá como objetivo para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21 % para los pisos turísticos o de agilización administrativa.

Salvo que Junts dé un giro copernicano, el cuarto real decreto ley está condenado a correr la misma suerte que los tres anteriores: 30 días en vigor y se acabó, una vez que llegue al Congreso y tenga que pasar por el filtro parlamentario.