El Gobierno, rodeado de escándalos, envía al Congreso la ley contra la corrupción en la contratación pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes para remitirlo al Congreso un proyecto de ley que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, con el objetivo de detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza. Lo hace en un momento en el que se acumulan los escándalos de corrupción a su alrededor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al resto de grupos parlamentarios que tengan la «altura de miras que exige el momento» para aprobarla. La iniciativa forma parte del llamado «plan estatal de lucha contra la corrupción» anunciado por Sánchez en julio del año pasado, tras la entrada en prisión provisional de quien fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a través del que quiere crear «una cultura de la integridad entre todas las administraciones».

El proyecto de ley modifica seis leyes orgánicas y endurece las penas aplicables, amplía de cinco a siete años la prescripción de determinados delitos, refuerza la valoración de la reparación económica para acceder al tercer grado y mejora los instrumentos de localización, preservación y decomiso de activos.

Entre las leyes modificadas para impulsar las buenas prácticas, destacan las que afectan al régimen electoral, a la financiación de los partidos políticos, al régimen penitenciario, al Poder Judicial y a la protección de datos, junto a varios artículos del Código Penal.

Sobre la financiación de los partidos, establecen que las formaciones políticas no podrán financiarse a través de criptoactivos y se refuerzan las restricciones y controles sobre la financiación procedente de Gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o vinculadas a ellos. Tampoco se podrá aceptar publicidad gratuita en redes sociales.

Se dotará de un mayor peso a las unidades de auditoría interna obligatorias, de tal forma que será la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la que las controle.

En el ámbito de las empresas, se buscará conocer quiénes están al frente de las mismas o cómo se han realizado transmisiones de las participaciones, operaciones que en ocasiones no quedan reflejadas con suficiente claridad en los registros públicos

En lo que se refiere a la contratación pública, se fomentarán medidas como la contratación centralizada, pliegos tipo, procedimientos estandarizados o las mesas de contratación más profesionalizadas. Otra novedad destacada es la puesta en marcha de auditorías ciudadanas sobre la gestión pública.

Es así como surgiría la Agencia Independiente de Integridad Pública como el eje de este nuevo sistema que integrará servicios antes dispersos en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de IGAE, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Oficina de Conflictos de Intereses. Para subrayar su independencia, su responsable será elegido a través de una convocatoria pública abierta, y se exigirá una mayoría reforzada en el Congreso para confirmarlo.

Este lunes, al respecto de esta ley, desde el PP subrayaban que el Gobierno de Pedro Sánchez está «inhabilitado» para recuperar la integridad pública porque «es el mayor experto en corrupción que tenemos en nuestro país». «Es como poner a un vampiro al frente de un banco de donantes de sangre. Es incompatible», expresó Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, que aludió a las 16 causas abiertas que afectan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno.