Los casos en los que España puede cerrar la frontera de Ceuta con Marruecos

La situación es crítica. En los últimos diez días han llegado a Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas procedentes de Marruecos, lo que ha propiciado que España y Marruecos acordaran este jueves, 30 de julio, reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), ha solicitado al Gobierno central que declare la situación operativa 3 de emergencia de interés nacional y asuma un «mando único» ante lo que ha calificado de «situación de absoluta emergencia». Sin embargo, el Ministerio del Interior ha rechazado esta petición al considerar que la situación operativa 3 solo se puede declarar en los casos expresamente previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyos supuestos habilitantes se limitan a riesgos naturales y tecnológicos: inundaciones, riesgo sísmico y volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas, y riesgo nuclear y radiológico, sin que la presión migratoria figure entre ellos.

Ante esta negativa, la Junta de Portavoces de la ciudad autónoma habría reorientado su petición, fundamentándola ahora en la normativa de seguridad nacional en lugar de en la de protección civil.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a la ciudad autónoma. En un comunicado, Marlaska ha agradecido a las autoridades marroquíes los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, que han impedido miles de intentos de migración irregular.

¿Se puede cerrar la frontera?

La disposición que regula el cierre de fronteras terrestres (incluida la de Ceuta) es el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en su versión vigente aprobada por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (tras la reforma de la ley por la LO 2/2009).

En su artículo 3 se especifica lo siguiente: «El cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para la entrada y la salida de España se podrá acordar por Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los titulares de los Ministerios competentes, cuando así resulte bien de las disposiciones que deban regir a consecuencia de los estados de alarma, excepción o sitio, bien en aplicación de leyes especiales, en supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa nacional, la seguridad del Estado y la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos, así como en supuestos de elevada presión migratoria irregular, sin perjuicio de la posibilidad de desconcentrar dicha competencia».

Esta vía legal es, de hecho, distinta de la que ha rechazado hoy el Ministerio del Interior. Mientras que la declaración de emergencia nacional que reclama Vivas exige encajar en los riesgos tasados de la Ley de Protección Civil (naturales o tecnológicos, no migratorios), el cierre del paso fronterizo cuenta con un supuesto específico ya previsto para este escenario: la «elevada presión migratoria irregular».

Además, la competencia para acordarlo no recae únicamente en el Ministerio de la Presidencia: la disposición adicional vigésima del mismo Reglamento la desconcentra a favor del titular de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando lo requiera la seguridad del Estado o de los ciudadanos, lo que permitiría a Interior actuar sin necesidad de una Orden ministerial conjunta. Es la fórmula que ya se empleó para mantener el cierre parcial de los pasos de Ceuta y Melilla en 2020 y 2022.