En qué consiste la sentencia del Supremo que está disparando la presión migratoria contra una Ceuta desbordada

La crisis migratoria que vive Ceuta desde hace algo más de una semana tiene pocos precedentes recientes. Solo en los últimos días, más de 1.500 inmigrantes han accedido de forma irregular a la ciudad autónoma, colapsando el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra repleto, mientras cientos de personas permanecen a las puertas del recinto esperando una plaza.

Aunque las llegadas a Ceuta en verano son habituales, con los inmigrantes aprovechando las condiciones meteorológicas más favorables, asociaciones de la Guardia Civil también sitúan el origen de esta oleada de inmigración en un reciente fallo del Tribunal Supremo, dictado hace apenas unas semanas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que establece que los inmigrantes que alcanzan Ceuta o Melilla por vía marítima no pueden ser objeto de un rechazo inmediato en frontera, al entender que, a diferencia de quienes saltan la valla, no han superado ningún elemento físico de contención fronteriza. En consecuencia, las fuerzas de seguridad deben identificar a estas personas y tramitar individualmente su situación conforme a la legislación de extranjería.

Desde que trascendió la resolución judicial, sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil sostienen que la noticia se ha difundido rápidamente entre las redes que organizan los cruces desde Marruecos, lo que habría provocado un efecto llamada que explica el fuerte incremento de llegadas registrado durante las últimas jornadas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el escenario operativo ha cambiado por completo y reclama una respuesta política y jurídica urgente. A su juicio, ya no basta con reforzar las plantillas porque el problema trasciende el ámbito policial. En la misma línea se ha pronunciado Jucil, que ha denunciado la falta de medios humanos y materiales para hacer frente a una presión migratoria que obliga a los agentes a intervenir prácticamente de forma ininterrumpida en los rescates en el mar.

La propia sentencia, sin embargo, deja abierta una posible vía para modificar la situación, y es que los magistrados apuntan que la Administración podría establecer algún elemento físico de contención en el mar que delimitase de forma efectiva la frontera marítima, una posibilidad que exigiría cambios normativos y decisiones políticas que, por el momento, no se han adoptado.

Mientras, en Ceuta, la llegada de inmigrantes no disminuye. Solo este miércoles, Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron a 117 personas que trataban de alcanzar la ciudad autónoma a nado, después de que la Guardia Civil solicitara apoyo al verse desbordada por el elevado número de intervenciones. Todos ellos fueron entregados posteriormente a la Policía Nacional para su identificación y traslado al CETI, un centro diseñado para 512 plazas que actualmente alberga cerca de 600 personas, mientras más de 400 continúan esperando en el exterior.

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ha comenzado los primeros traslados de inmigrantes a la Península para aliviar la saturación del centro. Un primer grupo de 39 personas, en su mayoría ciudadanos sudaneses acogidos en programas de atención humanitaria, abandonó este miércoles la ciudad, aunque la medida resulta insuficiente frente al ritmo de nuevas entradas, que el Gobierno ceutí cifra en más de 200 personas al día.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que la ciudad se encuentra ante una situación «extremadamente grave» y ha reclamado al Ejecutivo una respuesta «contundente y sin dilación». Entre las medidas que propone figuran el refuerzo de los medios de seguridad, el aumento de los recursos de acogida, una mayor coordinación con Marruecos y una revisión del marco normativo para afrontar una crisis que, de mantenerse el actual ritmo de llegadas, podría alcanzar dimensiones similares a las registradas durante la entrada masiva de inmigrantes en mayo de 2021.