El Gobierno prometió un plan de seguridad para Ceuta y Melilla en 2021 y el PSOE votó dos veces contra impulsarlo

La enorme crisis migratoria vivida en Ceuta ha desatado un torrente de preguntas y dudas sobre qué se pudo hacer para evitarlo y qué se sabía con anterioridad. De las muchas cuestiones que están sobre la mesa destaca la promesa que el propio Gobierno incluyó hace cinco años en la Estrategia de Seguridad Nacional y que, a día de hoy, continúa sin materializarse, que es la elaboración de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla.

El documento estratégico, aprobado por el Ejecutivo en 2021, recogía expresamente la necesidad de desarrollar un plan específico para reforzar la protección de las dos ciudades autónomas, dada su singular condición de frontera terrestre de España y de la Unión Europea con África. Sin embargo, ese compromiso sigue sin haberse traducido en un documento operativo.

Precisamente para reclamar su elaboración, el Grupo Popular presentó el pasado año dos iniciativas parlamentarias en las Comisiones Mixtas de Seguridad Nacional e Insularidad del Congreso y el Senado. Ambas fueron aprobadas por la mayoría de los grupos, aunque, según el senador del PP por Melilla y excomandante general de la ciudad, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, el PSOE votó en contra en las dos ocasiones.

Las mociones, debatidas en junio y noviembre del pasado año, instaban al Ejecutivo a desarrollar el Plan Integral comprometido en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021.

Según explica Díaz de Otazu a El Debate, el objetivo era dotar a Ceuta y Melilla de una planificación específica que coordinara los recursos del Estado frente a amenazas como la inmigración irregular, los ataques híbridos, la presión fronteriza o cualquier crisis que afectara a la seguridad de ambas ciudades. Pese a que las iniciativas salieron adelante, el plan continúa sin aprobarse.

Ahora, la cuestión ha adquirido especial relevancia tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio, una avalancha sin precedentes que desbordó completamente la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma y obligó al Gobierno a desplegar medidas de emergencia, entre ellas la instalación de una barrera flotante en el espigón del Tarajal y el envío de refuerzos policiales y militares.

Por si fuera poco, en los últimos días han trascendido además distintas informaciones que apuntan a que tanto el Gobierno de Ceuta como distintos organismos habían venido alertando del incremento de la presión migratoria durante las semanas previas.

El propio presidente ceutí, Juan Vivas, había reclamado en varias ocasiones una mayor implicación del Estado ante el aumento sostenido de las entradas irregulares de menores marroquíes por vía marítima. A ello se suman las informaciones publicadas sobre avisos procedentes de los servicios de inteligencia respecto al creciente movimiento detectado en redes sociales antes de la avalancha.