Jucil denuncia ante la Audiencia Nacional la filtración de datos personales de policías y militares

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que investigue una filtración de un archivo 500 páginas de datos personales de agentes de la Benemérita, Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.

La organización ha presentado una denuncia para determinar «quién obtuvo los datos, de dónde proceden, quién participó en la elaboración del documento, quién lo difundió y cuál era la finalidad perseguida con esta recopilación masiva de información», con vistas a «depurar las posibles responsabilidades penales».

En una nota de prensa alertaban de «la fuga, robo o filtración de datos», que se trata de un hecho «muy grave», y señalaba que han reclamado «medidas cautelares urgentes» para frenar la difusión del documento «mediante su retirada o bloqueo allí donde resulte posible», así como la conservación de «toda huella digital» que sirva para identificar a los responsables.

Conocer «toda la cadena de actuaciones»

Jucil agrega que se trata de un documento que «puede facilitar labores de localización, vigilancia, ingeniería social, intimidación o selección de objetivos» y reclamaba «la defensa» de los agentes, que no puede quedarse «únicamente en declaraciones públicas».

Desde la asociación piden que «se determine si existió acceso ilícito a sistemas, dispositivos, cuentas o bases de datos», así como «toda la cadena de actuaciones» que ha recopilado y difundido el fichero. En ese sentido, el secretario general de Jucil Ángel Lezcano, exigía que «que intervengan las unidades policiales especializadas, que se investiguen los canales y perfiles utilizados para la difusión, que se preserve la información disponible en Telegram y que se determine la identidad de todas aquellas personas que pudieran haber intervenido en la obtención, elaboración o distribución del fichero».

«Cuando existe un posible riesgo, hay que utilizar todos los instrumentos legales disponibles y exigir una respuesta de las instituciones», agregaba Lezcano, que apostillaba que la seguridad e intimidad de los agentes y sus familias no pueden ser tratadas como «moneda de cambio» ni quedar expuestos «impunemente» en internet.