Una exeurodiputada francesa avisa a Sánchez: Europa no es su «conserjería» ni el apoyo a Ceuta es «indefinido»

Este viernes, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, pedía la colaboración de Bruselas a través de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), Europol y la Agencia Europea para el Asilo, un refuerzo del dispositivo puesto en marcha para la gestión del triaje y la tramitación de los expedientes de los inmigrantes que invadieron Ceuta hace un mes. Esta reclamación llega no sin antes haberla rechazado hasta en dos ocasiones previamente.

Con un discurso descabezado, porque el presidente del Gobierno seguía de vacaciones en Lanzarote, y falto de medidas concretas, los ministros clamaban a Europa para que reforzara una ciudad que también es su frontera. Ante la pasividad del Ejecutivo, una exeurodiputada francesa ha analizado «lo que Ceuta le cuesta a los europeos».

Miles de millones de euros

Ese es el titular de la columna con la que Florence Kuntz —miembro del Parlamento Europeo entre 1999 y 2004 por el extinto partido Rassemblement pour la France— denunciaba la gestión de Sánchez. Publicada en la prensa oficialista marroquí, el texto arranca mencionando que España es «el tercer beneficiario de la política de cohesión europea», habiendo recibido 35.000 millones de fondos entre 2021 y 2027.

Asimismo, destaca que hemos recibido desde Europa —en ese mismo período— «más de 1.500 millones de euros en virtud de los tres fondos europeos destinados al asilo y la migración, las fronteras y la seguridad interior», a los que hay que sumar los 114 anunciados por el comisario europeo en concepto de ayudas de emergencia, «de los cuales cerca de 28 millones se destinaron de forma específica a Ceuta».

Un «efecto llamada» que dinamita el pacto europeo

A renglón seguido, y dejando de lado las cifras, Kuntz echa en cara a Sánchez haber dinamitado el «Pacto Europeo sobre Migración y Asilo», que entraba en vigor el 12 de junio y que «pretendía haber cicatrizado» la fractura migratoria que existía en la UE. Apenas dos días después de la invasión, 22 Estados miembros solicitaron una reunión de urgencia por medio de una carta que referenciaba de manera explícita «un reproche dirigido directamente a Madrid» por un posible «efecto llamada» por la regularización masiva.

«En respuesta, Pedro Sánchez invocó la solidaridad europea y reprochó a sus vecinos que arremetieran contra España en lugar de apoyarla ante la presión ejercida sobre una frontera exterior de la Unión», prosigue la exeurodiputada, quien remarcaba que la reunión se saldó con la mayoría de miembros reclamando una «línea más dura» en la defensa de las fronteras, luchar contra las redes de tráfico de personas y agilizar las devoluciones. «Bastaron unos pocos días para evidenciar los límites del Pacto y reabrir el debate migratorio para el resto de la legislatura», agregaba.

Así, se preguntaba «hasta dónde debe llegar la solidaridad europea y quién debe asumir el coste de la irresponsabilidad de un Estado miembro», para después reprochar a Sánchez que no puede exigir al resto de socios que «asuman de forma duradera las consecuencias de decisiones políticas nacionales».

«Enfoque migratorio singular y laxo»

Kuntz ponía de ejemplo a la primera ministro italiana Giorgia Meloni, con quien Sánchez protagonizó una pataleta al devolverle a Italia los controles fronterizos en los aeropuertos. La expolítica francesa aseveraba que Meloni pedía solidaridad a la vez que defendía una política migratoria más dura, mientras que Sánchez «defiende un enfoque migratorio singular y laxo», apoyado en la «regularización masiva» y de «jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita el recurso de las devoluciones en caliente». Recordaba, de esta manera, que «toda soberanía conlleva responsabilidad» y que la UE no es un refugio para amortiguar los costes de las políticas nacionales.

La exeurodiputada menciona que Moncloa «se equivocaría» si diera por sentado un apoyo «indefinido» solo porque la UE considera Ceuta y Melilla como sus fronteras en África. Y advierte que Europa «no tiene por vocación convertirse en la conserjería» de una España que podría «acabar debilitando el consenso europeo que hoy ampara a los presidios».